El pacto comercial entre la Unión Europea y Sudamérica promete abrir mercados y reducir aranceles, pero agricultores y ganaderos de Asturias alertan de competencia desleal y un impacto crítico en el sector primario
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha vuelto a situar al sector primario en el centro del debate político y social. Tras más de dos décadas de negociaciones, la UE dio luz verde al pacto, abriendo la puerta a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Sin embargo, lejos de celebrarse de forma unánime, el acuerdo ha desencadenado una fuerte contestación en el campo español y, de manera muy visible, en Asturias, donde agricultores y ganaderos se preparan para volver a salir a la calle este viernes con una tractorada en Oviedo. El acuerdo es un tratado comercial entre la Unión Europea y cuatro países sudamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) que se articula en tres grandes pilares: diálogo político, cooperación y comercio. En el ámbito estrictamente económico, el objetivo es reducir de forma progresiva los aranceles y barreras comerciales para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre ambos bloques. Según las estimaciones comunitarias, el pacto permitirá a las empresas europeas ahorrar miles de millones de euros al año en tasas aduaneras y acceder a un mercado de más de 270 millones de consumidores.
En el sector agroalimentario, el acuerdo prevé que Mercosur elimine la mayoría de los aranceles que gravan las exportaciones europeas, lo que, según el Gobierno y la Comisión Europea, beneficiará especialmente a productos como el aceite de oliva, el vino, los quesos, las conservas vegetales o el porcino. A cambio, la Unión Europea liberalizará una parte muy significativa de las importaciones procedentes de Sudamérica, estableciendo contingentes (cupos con arancel reducido o nulo) para productos considerados sensibles, como la carne de vacuno, la carne de ave, el azúcar o la miel.
Los agricultores asturianos se manifestarán este viernes en Oviedo
Es precisamente este punto el que ha encendido las alarmas en el sector primario asturiano. Organizaciones agrarias y entidades vinculadas a la industria agroalimentaria advierten de que la entrada de productos procedentes de Mercosur puede provocar una situación de competencia desleal. Denuncian que las explotaciones sudamericanas operan con costes de producción mucho más bajos y bajo normativas menos exigentes en aspectos clave como el bienestar animal, el uso de fitosanitarios, la trazabilidad o las exigencias medioambientales. Aunque la UE insiste en que las normas de seguridad alimentaria europeas no se verán rebajadas, el sector teme que el impacto en precios haga inviables muchas explotaciones locales.
Desde la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (ASINCAR) se recuerda que el riesgo no afecta solo al sector cárnico, sino también a otros productos emblemáticos de la región, como las fabas o la miel. Su presidente, Eduardo Pérez, advierte de que competir en igualdad de condiciones resulta imposible si no se exigen los mismos estándares a los productos importados, y alerta de que el acuerdo podría traducirse en cierres de explotaciones, pérdida de tejido industrial y destrucción de empleo en el medio rural asturiano. El sector cárnico, recuerdan, emplea en Asturias a más de 800 personas y genera un volumen de negocio superior a los 118 millones de euros anuales.
Por su parte, las principales organizaciones agrarias del Principado (URA, COAG, USAGA y ASAJA) comparten este diagnóstico y han situado el rechazo al acuerdo con Mercosur como eje central de la movilización convocada para este viernes en Oviedo. La protesta, que se desarrollará en forma de tractorada, que culminará en el centro de la capital asturiana, donde los manifestantes prevén concentrarse para visibilizar su oposición al pacto comercial. Junto al Mercosur, también se denunciarán los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y la gestión de la sanidad animal y de la fauna salvaje, cuestiones que, según el sector, agravan aún más la fragilidad de las explotaciones. Frente a estas críticas, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria defendía hace unos meses que el acuerdo es “ambicioso, amplio y equilibrado” y de gran importancia estratégica para España y la UE.
