Dieciséis familias con domicilio en dicho edificio tratan de frenar la amenaza de desahucio que pesa sobre ellas, en el marco de la campaña de liquidación de activos que el ‘banco malo’ debe ejecutar; el Principado tratará hallar una solución este viernes
SAREB. O Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, si se opta por la fórmula larga y se completa cada una de esas cinco siglas. Desde su constitución en 2012, fruto de la necesidad de comprar los activos tóxicos dejados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la entidad en cuestión, identificada como el ‘banco malo’ de España, se ha convertido en la pesadilla de un buen puñado de ciudadanos de este país. A ello contribuyen factores de lo más variopintos: la abrumadora cantidad de viviendas inmovilizadas bajo su control, el estado de muchas de ellas, las cuestionadas condiciones bajo las que ha ejecutado sus operaciones de venta y alquiler… Y, desde fechas más recientes, la obligación, impuesta por mandato judicial, de liquidar todos sus activos antes de 2027, a fin de saldar una deuda que ya supera con creces los 37.600 millones de euros. Una suerte de campaña de ‘tierra quemada’ que, como toda retirada, amenaza con dejar víctimas a su espalda: varias familias españolas que, de no poder suscribir contratos de alquiler en tiempo y forma, podrían acabar en la calle. Entre ellas, dieciséis con domicilio en el número tres de la calle Río Piloña, en el barrio gijonés de Contrueces. Las mismas que, ante tamaña amenaza, han optado por buscar la ayuda del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, han designado el inmueble ‘bloque en lucha’ y se han decidido a presentar batalla a la Sociedad, esperan, con el apoyo del Principado.
La historia de este edificio acumula una década y, pese a lo breve de ese tiempo, un buen puñado de anécdotas. Pocas de ellas alegres. Erigido en 2015 por la veterana empresa gijonesa Construcciones y Promociones Florentino Riestra, el grueso de sus habitantes actuales llegó en los años 2017 y 2018, convirtiéndose, tal como señalan los propios protagonistas, en «una representación bastante grande de lo que es el mercado del alquiler». Familias numerosas, jóvenes estudiantes, parados de larga duración, ancianos y dependientes son sólo algunos de los perfiles que integran esta comunidad que, hasta 2021, ya sufrieron algunos desajustes con la promotora en cuestión. Ese año, sin embargo, todo cambió. Culminando un proceso iniciado en 2018, la SAREB tomó el control del bloque, ejecución hipotecaria mediante, y comenzaron los obstáculos, como una falta de mantenimiento que se prolonga hasta la actualidad. Nada comparable al hachazo recibido el pasado diciembre, cuando el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Gijón dictó sentencia a favor de la Sociedad, y aceptó su petición para declarar la nulidad de los contratos de arrendamiento al entender que, al haberse firmado después de la solicitud de ejecución hipotecaria, resultaban ilegítimos. Con la sombra del desahucio sobre las dieciséis familias perjudicadas, la SAREB se ha mostrado partidaria de iniciar negociaciones con cada una de ellas, y estudiar cada caso particular. Algo que los vecinos rechazan de todo punto.
«No nos interesa esa solución; queremos una firma colectiva porque, cuando se trata individualmente con ella, es cuando la SAREB introduce cláusulas abusivas en los contratos«, explica Pepo González, designado portavoz de los inquilinos del portal. A pesar de su juventud y de sus responsabilidades académicas, este estudiante de Historia ha devorado hasta la última hoja la documentación disponible, y ha llegado a la conclusión de que, efectivamente, hay alternativas. Al fin y al cabo, añade, un segundo mandato judicial, esta vez de diciembre de 2023, abre la puerta a la conversión de las posesiones del ‘banco malo’ en viviendas para alquiler social, destinándolas a familias vulnerables, y la posibilidad de una negociación colectiva «es viable; en otras regiones en las que la SAREB tiene más presencia, como Madrid o Barcelona, se ha hecho». Otra cosa, claro, es que esas opciones sean interesantes para la entidad… Algo que González pone en duda. «Personalmente, y esto sólo es una hipótesis, creo no le interesa dar la posibilidad de seguir con ese régimen de alquileres; por eso introduce cláusulas abusivas, para propiciar un vaciado de los pisos. Su intención real es recuperar la inversión hecha tras la crisis… O, lo que es lo mismo, especular con la vivienda«, teoriza.
Ese presunto desinterés por parte de SAREB abre la puerta a otro foco de indignación entre los habitantes de Río Piloña: los usos y maneras que la citada organización emplea. «Su táctica se basa en mentir, en confundir, en responsabilizar a los vecinos«, clama un enfadado González, que esgrime como ejemplo cierta carta remitida por la Sociedad a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el pasado 19 de febrero. En la misiva, en poder de miGijón y escrita en respuesta a una petición directa de información sobre la situación formulada por la regidora, José Leopoldo Puig, consejero delegado de SAREB, asegura haber dado a las familias del inmueble la posibilidad de acogerse al programa de alquiler social con acompañamiento, siendo sólo cuatro las que o lo hicieron, o están en proceso de hacerlo; con el resto, continúa la carta, «ha sido imposible contactar«… Lo que, apunta González, es directamente falso. «El primer burofax sobre esa posibilidad es de mediados de 2024, y todos nos mostramos de acuerdo con la opción de los alquileres sociales, pero en los meses siguientes no recibimos ninguna respuesta a los mensajes que enviamos por los cauces que ellos mismos habilitaron… Y, de pronto, en noviembre la puerta del diálogo se cerró, alegando que no habíamos contactado«. Es más, SAREB llegó al extremo de «cerrar las cuentas bancarias, con lo que tampoco hemos podido abonar los alquileres».
También la atribución a varias de las familias de la condición de vulnerables está siendo conato de polémica. En la mencionada carta, Puig indica haber recurrido a la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) para que ejerza de mediadora en la obtención de la documentación que permita evaluar el grado de vulnerabilidad de los inquilinos de Río Piloña. No obstante, para González «no hay transparencia en ello, porque la SAREB no tiene unos criterios de vulnerabilidad especificados y expuestos«. Tanto es así que, prosigue el portavoz de los afectados, desde la Sociedad «han cuestionado la vulnerabilidad, poniendo en duda que los salarios superen en tres veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y no es verdad». En fin, un catálogo de prácticas que, al parecer de los habitantes del edificio, son poco menos que «mafiosas», y que constituyen la imagen de marca de la SAREB. «Como está participada al 51% por el Estado, la gente tiende a atribuirle una honorabilidad que no es real«, profundiza González. Y eso afecta, incluso, «a las Administraciones; a la Consejería de Vivienda le comunicaron que no se plantean lanzamientos ni desahucios a corto o largo plazo, pero el 31 de enero enviaron un suplicatorio de lanzamiento al Juzgado de Primera Instancia Número Once para que emitiera fecha de lanzamiento contando, incluso, con auxilio de fuerza pública«. Dicho punto ha sido confirmado por miGijón, que ha tenido acceso al suplicatorio.
¿Qué tiene que decir al respecto el Gobierno del Principado? Bien, el Ejecutivo autonómico, representado en este caso por el consejero de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, comparecía este mismo martes para anunciar que este viernes se mantendrá una reunión con el presidente de la SAREB, Javier Torres, para tratar de desbloquear definitivamente el escenario. «Optimista» de cara al resultado de ese encuentro, y defensor de que la relación con la Sociedad es «fluida«, Zapico ha prometido que «vamos a involucrarnos totalmente, y no voy a descansar hasta que no encuentre esa seguridad y ese clima de certidumbre para esas familias, y una salida justa para las mismas», recordando nuevamente la promesa hecha por la SAREB acerca de la no contemplación de desahucios por el momento. Pero en Río Piloña son escépticos. «En La Corredoria, los inquilinos de los pisos de Arboleya Visoren Norte (AVN) acudieron a Vivienda, donde les dijeron que, al haber facturas impagadas, debían llamar a la puerta de Consumo; al final, la SAREB te mete en un ‘marrón’ que la Consejería de Vivienda no siempre puede solucionar», suspira González. Aun así, hay ciertos motivos para la esperanza; entre ellos, la próxima cesión a Sedes del parque de la SAREB restante en Asturias que iba a ser vendido, y la posibilidad de que desde el Gobierno nacional se prorrogue la liquidación de los activos. Porque, recuerda González, lo que está en juego «es muy serio. Nos vemos abocados a acabar en la calle. Y hoy, tal como está el mercado inmobiliario, no sabríamos a dónde ir. Ni en Contrueces es posible encontrar algo así…».
