La Iglesia rompe el silencio y acusa al Gobierno de usar políticamente la pederastia
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha arremetido contra el Gobierno por lo que considera una estrategia de “señalamiento selectivo” hacia la Iglesia católica en el debate sobre los abusos sexuales a menores. En una tribuna publicada este lunes en el diario ABC, el prelado sostiene que el acuerdo impulsado por el Ejecutivo para que la Iglesia indemnice a las víctimas de pederastia clerical no responde a un verdadero afán de justicia, sino a una operación política para desviar la atención de otros problemas.
Sanz Montes critica que el Gobierno pretenda fijar unilateralmente las cuantías económicas que debe pagar la Iglesia, designando además al Defensor del Pueblo como árbitro en caso de desacuerdo. A su juicio, se trata de un procedimiento “anómalo”, en el que el Estado actúa al mismo tiempo como parte interesada, juez y mediador. Pero la principal objeción del arzobispo no es jurídica, sino de enfoque: considera injustificado que se ponga el foco únicamente en los abusos cometidos por miembros de la Iglesia cuando, según afirma, estos representarían apenas el 0,2% del total de casos.
Desde esa premisa, el prelado defiende que si el objetivo real fuera la protección de las víctimas, el Ejecutivo debería promover un sistema de reparación integral para todos los afectados por abusos, con independencia de que se hayan producido en el ámbito familiar, escolar, deportivo o institucional. “La pedofilia no es un delito clerical, sino una lacra de toda la sociedad”, sostiene.
En su artículo, Sanz Montes recuerda que la Iglesia en España ha puesto en marcha en los últimos años mecanismos propios de atención y prevención, entre ellos el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales (Priva), con oficinas en diócesis y congregaciones para la acogida y acompañamiento de los afectados. Defiende que este compromiso responde a una responsabilidad moral, incluso en casos donde no existe ya responsabilidad penal.
El arzobispo reconoce explícitamente que ha habido sacerdotes que han cometido estos delitos y subraya que quienes los encubrieron deberán responder “ante Dios y ante la sociedad”. Pero denuncia también que existan acusaciones falsas y que el debate esté siendo utilizado, a su juicio, como “arma de distracción masiva”.
Finalmente, Sanz Montes reclama una política global contra la pederastia que incluya prevención, educación y control de factores como la pornografía o la banalización de la sexualidad. “Erradicar esta lacra exige un compromiso real de toda la sociedad, no una utilización ideológica del dolor de las víctimas”, concluye.
