Los acusados forzaron la cerradura de la vivienda, propiedad de una mujer, y, una vez en el interior, la cambiaron y se instalaron en el inmueble hasta su desalojo por la Policía Nacional
Mientras continúa sobre la mesa el debate acerca de si la ‘okupación’ es fruto del puro egoísmo, o la respuesta a la necesidad de un techo, la Justicia de Gijón se prepara para evaluar esta misma mañana el caso de dos sujetos a los que se acusa de haber allanado una vivienda unifamiliar de la ciudad, y de haberse instalado en ella sin permiso durante siete meses. Una acción contra la que el Ministerio Fiscal pide una pena de hasta dos años de prisión para cada uno de los presuntos ‘okupas’, y cuya vista oral se celebrará a las diez de la mañana de este lunes, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial.. Además, dada la complejidad del caso, las sesiones se prolongarán entre los días 26 y 29 de este mes.
La Fiscalía sostiene en su escrito que a las siete de la tarde del 11 de junio de 2021, y a la misma hora del día siguiente, ambos hombres, puestos de común y mutuo acuerdo, reventaron la cerradura de la puerta que da acceso al interior del inmueble, propiedad de una mujer que la utilizaba como segunda residencia. Inmediatamente después cambiaron el bombín de la cerradura de la puerta de la entrada, y ocuparon el lugar hasta el 31 de enero de 2022, fecha en la que fueron desalojados por agentes de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. Como consuelo para la propietaria, no consta que ocasionasen deterioros en el interior, aunque sí en la puerta de acceso; en valor de los daños no ha trascendido.
Por todo ellos, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada con uso de violencia, y solicita que se condene a cada uno de los acusados a dos años de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, de aceptarse dicha pena, ambos sujetos indemnizarán, de manera conjunta y solidaria, a la propietaria del inmueble con la cantidad que se determine por los perjuicios ocasionados en la cerradura, y con otro 3.000 euros por el daño moral y el lucro cesante, más el interés legal correspondiente.
