Los hechos se produjeron en Lugones, el 27 de mayo de 2019, y un trabajador resultó muerto
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de seis acusados por un accidente mortal ocurrido durante la construcción de una residencia de mayores en Lugones (Siero), en 2019. La vista oral está señalada pare este martes, 28 de marzo, en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, a las 9.30 horas.
El fiscal explica en su escrito que en los años anteriores a 2019, el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), adscrito a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, contrató la construcción de una residencia para mayores en la calle Puerto Ventana, de la localidad de Lugones (Siero). Una vez realizada la tramitación administrativa, en el año 2019 la obra estaba en construcción, siendo contratista una UTE (Unión Temporal de Empresas) compuesta por tres de los acusados. La UTE había subcontratado la realización de la estructura del edificio.
El estudio básico de seguridad y salud fue realizado por el arquitecto técnico, también acusado, quien además asumió la dirección de ejecución de la obra. El proyecto de ejecución fue realizado conjuntamente por los tres miembros de la UTE, todos ellos arquitectos de profesión, quienes asumieron las funciones de dirección de la obra. El plan de seguridad y salud fue realizado por la quinta acusada como trabajadora de A (ingeniera técnica de minas y técnico de seguridad de la empresa). El coordinador de seguridad en fase de ejecución fue el sexto acusado.
El accidente
El día 27 de mayo de 2019, sobre las 08.15 horas, los trabajadores de la empresa subcontratada por la UTE estaban desempeñándose sobre la superficie utilizada para encofrar, en la planta primera (conocida como «mecano»), formada por un entramado de vigas (sopandas) sostenidas por puntales, sobre las que se disponen tableros de madera. Cuando alcanzaron el tablero de cabeza, uno de ellos se dispuso a retirarlo, lo desclavó y lo corrió hacia él. Para clavarlo, se colocó encima del mismo. No estaba debidamente sujeto, la guía derecha se desplazó parcialmente y el tablón se volteó, precipitándose el trabajador desde una altura de cuatro metros, lo que provocó su fallecimiento. Tenía 53 años.
El fiscal señala que en la obra no existían medidas de seguridad colectiva consistentes en redes bajo forjado, cuando su instalación era técnicamente posible e, incluso, el fabricante lo recomendaba. El accidente se produjo, añade el fiscal, como consecuencia de la realización de un procedimiento incorrecto por el trabajador fallecido, unido a la no utilización por éste de los sistemas de protección individual, lo que se habría evitado de haberse instalado medidas de protección colectiva consistentes en redes bajo forjado.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores por imprudencia grave, previsto y penado en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave. Para cada acusado, se pide cinco meses de prisión por el delito contra la vida y salud de los trabajadores por imprudencia grave, y año y medio de prisión por homicidio por imprudencia grave. Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, a la esposa del fallecido, con 93.357,954 euros; y a cada una de sus hijas, con 46.418,637 euros 72.019,962 euros, respectivamente