El Sindicato de Inquilinos alerta de la «situación crítica» de A. G. J., con domicilio en Contrueces y dos hijos a su cargo; solo la providencial llegada de un informe de vulnerabilidad evitaría un lanzamiento ya ordenado, pero que todavía no tiene fecha
Imaginen, por un instante, la siguiente situación: cierta persona -mujer por capricho de la genética, madre por influencia del amor- pasa toda su vida trabajando, sin haber podido disfrutar de esa formación académica de la que, a mayor o menor escala, casi toda la sociedad se beneficia. Durante décadas se desloma, dando forma a la expresión «De sol a sol», siempre a cambio de retribuciones pequeñas, en régimen de autónoma las más de las veces, hasta que ciertas circunstancias la obligan a retirarse de la primera línea laboral, cobrando una modesta pensión… Que, un mal día, se vuelve insuficiente para pagar la mensualidad de la vivienda en la que reside. No son impagos permanentes, ojo; solo desequilibrios puntuales, subsanables si el propietario se aviniese a solidarizarse con su delicada realidad. Y ahí está el problema: que ese dueño no lo hace. La quiere fuera. Si puede ser, ahora en vez de mañana. Bien, pues todo lo anterior es lo que, como una losa, pesa sobre A. G. J., conocida como ‘Dori’ por sus más cercanos. A sus 61 años esta vecina del barrio de Contrueces, con dos hijos desempleados de 18 y 21 años a su cargo, corre el peligro de convertirse en la primera personas desahuciada en el Principado en lo que va de año. Algo que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha denunciado, y está decidido a evitar.
«Desde que, el 26 de febrero, PP, Vox y Junts tumbasen la moratoria de desahucios en las Cortes, hay 70.000 familias en todo el país que podrían acabar en la calle; de ellas, 1.500 están en nuestra región», alertan desde dicha entidad. Y, en efecto, su temor es que ‘Dori’ sea quien estrene esa inquietante lista este año, toda vez que el caso de A. G. V., con domicilio en El Natahoyo, fue felizmente paralizado. Por comparación, la situación a la que se enfrenta su convecina de Contrueces es más compleja. Sin un escudo legal que la proteja, percibiendo mensualmente una pensión por jubilación y viudedad que apenas suma 856 euros, y con sus hijos en paro y en casa, «es difícil que pueda cuadrar las cuentas». Y la personas que ostenta la propiedad del inmueble, añaden en el Sindicato, «no ha querido atender a razones; quiere el piso libre, y le da igual que no tenga un lugar en el que refugiarse». Así las cosas, la única esperanza realista para ‘Dori’ se encuentra en la llegada de un informe de vulnerabilidad ya solicitado, pero que no acaba de recibir. Otro posible cartucho, la concesión de la vivienda de emergencia que lleva seis años pidiendo, parece infinitamente menos plausible. Al menos, por ahora.
«No podemos mandar a la gente a la calle sin una alternativa habitacional; es indecente», claman desde el Sindicato, temerosos de que, a menos que todas las cartas caigan del derecho sobre el tapete, ‘Dori’ inicie una sucesión de casos que podría rebasar el millar al llegar diciembre. La petición es fácil de intuir: una solución. La que sea. Para ella y para todos los demás que estén en un escenario análogo. En otras palabras, una paralización masiva de los desahucios, algo que «el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ya nos dijo que pasaría en 2023″. Es ese compromiso el que, con independencia de lo que suceda en la órbita nacional, en la organización reclaman al Gobierno del Principado que cumpla. A espera de conocer la respuesta del aludido, esta mañana está previsto que los representantes del Sindicato se reúnan con el área de Servicios Sociales de Gijón, para estudiar en profundidad el problema de ‘Dori’, y las posibles alternativas.
