Los acusados accedieron violentando la cerradura de la puerta al interior de una casa unifamiliar, propiedad de una mujer, sin tener su autorización ni consentimiento ocupando el inmueble hasta enero de 2022
La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de 2 años de prisión para cada uno de los dos acusados de ocupar una vivienda unifamiliar en Gijón, de la que cambiaron el bombín de la cerradura y en la que estuvieron más de siete meses. La vista oral, ante un jurado popular, está señalada a partir de este lunes, 25 de septiembre, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10 horas. Si se mantiene el calendario según lo previsto, las sesiones se prolongarán durante los días 26 a 29, inclusive.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados, entre las 19 horas del día 11 de junio de 2021 y las 19 horas del día 12, puestos de común y mutuo acuerdo, accedieron violentando la cerradura de la puerta al interior de una vivienda unifamiliar, destinada a segunda residencia, en Gijón, propiedad de una mujer, sin tener su autorización ni consentimiento.
Los acusados cambiaron el bombín de la cerradura de la puerta de la entrada, ocupando el inmueble hasta el 31 de enero de 2022, fecha en la que fueron desalojados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía por orden judicial. No consta que hayan ocasionado deterioros en el interior de la vivienda. A consecuencia de los hechos, se ocasionaron deterioros en la puerta de acceso, sin que conste el importe de la reparación.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada con uso de violencia del artículo 202.1 y 2 del Código Penal. Y solicita que se condene a cada uno de los acusados 2 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Los acusados, indemnizarán de manera conjunta y solidaria a la propietaria de la vivienda con la cantidad que se determine por los perjuicios ocasionados en la cerradura de la puerta de acceso al inmueble, y con 3.000 euros por el daño moral y el lucro cesante, más interés legal correspondiente.
