La queja del sindicato por imposiciones de metodologías por parte del centro a docentes fue tratada en la reunión de este jueves, en la que se decidió solicitar información al equipo directivo sobre qué protocolos piensan aplicar para poner solución a los riesgos psicosociales que señala un informe

El Comité de Seguridad y Salud de Gijón, que convoca periódicamente la Consejería de Educación con la presencia de sindicatos, personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de Inspección Educativa, trató esta mañana el caso del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Roces denunciado la semana pasada por el Sindicato Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d’Asturies (SUATEA), aunque apunta que el asunto viene de años atrás. Hacía saber de la existencia de un informe de Riesgos Laborales elaborado el curso pasado que hablaba de «riesgos psicosociales» en el centro, donde habría, según su versión, imposición de metodologías a docentes y la presencia de entidades privadas en el mismo que «entran en horario lectivo dentro del aula e incluso intentar decirle al profesor lo que tiene que hacer y cómo», apuntaba a miGijón el delegado sindical de SUATEA, Fran Rey. Jefatura de Estudios del instituto negaba a este medio dichas acusaciones: «Todo lo que se dice es falso», trasladaba.
En concreto, SUATEA reclamó esta mañana la coordinación entre el Servicio de Inspección Educativa y Salud Laboral «para que se tomen medidas y de una vez se solucione la problemática del centro gijonés». Apunta el sindicato que «se nos ha comunicado que, dada la gravedad de la situación denunciada, se procederá a solicitar información al equipo directivo acerca de qué protocolos piensan aplicar para poner solución a los riesgos psicosociales denunciados en el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales». No obstante, critica, que «la inacción» en la Administración «sigue siendo la norma, cuando es de sobra conocido que los problemas en Roces vienen de lejos».
«Recordamos que los datos de los concursos de traslados y las adjudicaciones de profesorado interino de los últimos años demuestran que buena parte de la plantilla trató de concursar en cuanto pudo para marcharse de Roces, y que las y los profesores interinos suelen preferir no continuar allí si tienen alternativa. La situación llegó al extremo de que el profesorado tuvo que organizar asambleas fuera del propio centro para poder expresarse libremente, algo absolutamente anómalo en la enseñanza pública», relata. «La Consejería de Educación no puede seguir mirando para otro lado tras la demoledora evaluación de riesgos psicosociales en el instituto gijonés, que no hace sino confirmar lo que el profesorado lleva años sufriendo: sobrecarga de trabajo, alta presión psicológica, falta de apoyo y un clima laboral deteriorado por prácticas autoritarias», denuncia SUATEA.