La Sala de lo Penal le impone dos años de inhabilitación y una multa superior a 7.000 euros
El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras declararlo responsable de un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión del correo electrónico en el que Alberto González Amador admitía un fraude fiscal. Además de la inhabilitación, la resolución establece una multa de más de 7.000 euros y una indemnización de 10.000 al empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fallo, adoptado por mayoría, contará con dos votos discrepantes.
La decisión pone fin a un proceso abierto tras la publicación, en marzo de 2024, del mensaje que la defensa de González Amador había remitido a la Fiscalía durante las negociaciones para alcanzar un acuerdo que evitara la condena por un fraude de más de 350.000 euros. Aquella filtración se produjo en un clima de tensión política, marcado por acusaciones del entorno de la presidenta madrileña que apuntaban a supuestas maniobras desde la cúpula del Ministerio Público para perjudicar al investigado.
La sentencia no será ejecutiva hasta que se notifique formalmente, momento en el que García Ortiz deberá abandonar el cargo. La deliberación no ha sido unánime. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo defendían la absolución al no ver acreditado que el fiscal general participara en la difusión del documento. Al quedar en minoría, la redacción del fallo ha recaído en el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.
El juicio se extendió a lo largo de seis sesiones en noviembre. Durante su declaración, García Ortiz rechazó haber dado cualquier instrucción para trasladar el correo a periodistas y sostuvo que su intención aquella noche era preparar una nota pública con la que desmentir versiones difundidas por responsables del Gobierno regional madrileño. La Abogacía del Estado respaldó esa tesis y sostuvo que no existían evidencias directas contra él.
La vista oral abordó también si la confidencialidad del mensaje seguía vigente en el momento de la filtración, dado que el propio González Amador había remitido información relacionada con el caso a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Algunos testigos señalaron que varios medios conocían el contenido antes de que circulara la copia atribuida a la Fiscalía.
Agentes de la UCO afirmaron que García Ortiz era el principal sospechoso por su posición jerárquica durante aquellas horas, mientras que las defensas criticaron que la investigación no hubiera contemplado otras vías. Con esta condena, el futuro inmediato del fiscal general queda en manos de un tribunal que aún debe completar la redacción definitiva del fallo.
