El mundo del urbanismo sigue siendo uno de los espacios más oscuros de nuestra democracia
Esta semana hay una noticia que creo bien merece ser objeto de análisis. Me refiero a las declaraciones del presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, el señor Joel García, en la que hace referencia a la situación, en su opinión, de la ordenación del territorio en Asturias. Entre otras valoraciones este representante del sector de la construcción argumentaba que hay planeamientos generales, planes urbanísticos, que sobran, que habría que quitarlos o quemarlos. Se quejaba de que la excesiva burocracia y el excesivo ordenamiento hacen que, en zonas alejadas de los entornos urbanos, en las zonas rurales, las personas desistan de hacer obras por el papeleo. No entrecomillo las declaraciones, que podéis leer o escuchar en detalle, porque no voy a tirar líneas para comentar cada una de sus frases. Creo que es más útil, y a mí me apetece más, hablar de cómo ordenamos el suelo en Asturias.
Si atendemos a la realidad contada por el sector de la construcción, ese que ha sido partícipe del mayor desbarajuste y de la mayor crisis de los últimos 25 años en este país, resulta evidente que mucho caso a lo que manifiesten no hay que hacer. Para ellos todo debería conducir a fundir el dinero público en licitar obras que consistan en mover material y poner hormigón. Para ellos no hay más. Eso, por no hablar de lo que el sector de la construcción ha contribuido a pervertir la adquisición de una vivienda, todo esto con la complicidad de una parte de la clase política, por supuesto. Una clase política incapaz de asumir que debe afrontar el mayor problema de este país a día de hoy, el acceso a la vivienda, y que la solución pasa por desarrollar la construcción indiscriminada de vivienda pública (ojito, que seguro que esto se ve bien desde el sector, desde todas las confederaciones o asociaciones de constructores). Sí, se debe hacer, pero bajo tutela, control y desarrollo del sector público, para que los precios no acaben siendo una salvajada. Sí, como suena, los pisos deben costar X, no lo que diga el constructor, quien obviamente debe cobrar por su trabajo, pero no enriquecerse. Dejar esto en manos del mercado es un error tan evidente como dejar en manos del PP la gestión de una emergencia.
Como otro error es la habitual crítica con la boca pequeña de la clase política cuando el máximo representante del sector de la construcción sale diciendo estas barbaridades, que implícitamente conllevan que no debería haber normas de ningún tipo para desarrollar el suelo. Se puede entender la queja del sector en cuanto a la tramitación burocrática como un toque de atención a los tiempos administrativos, pero de igual manera debe aclararse sin tibieza, desde las instituciones públicas, que las tramitaciones urbanísticas, los planeamientos que ordenan el territorio, son procesos garantistas que aseguran que no pueda hacer lo que le dé la gana, donde le dé la gana, quien más dinero tenga, que es un resumen de lo que son las normas urbanísticas. Ya es bastante preocupante que el mundo del urbanismo siga siendo uno de los espacios más oscuros de nuestra democracia, disfrazado de complejidad técnica, se ha alejado del común de los ciudadanos, impidiéndonos entender, discernir y debatir sobre lo que queremos para la ordenación de nuestro territorio. Resulta totalmente indignante que los procesos participativos de cualquier planeamiento general de nuestros municipios sean meros trámites de los que casi nadie se entera, o solo lo hace aquel que tiene suficiente tiempo o dinero para ser partícipe. Aquel que presenta alegaciones, que inicia contenciosos administrativos o que simplemente negocia es, habitualmente, aquel que cuenta con recursos suficientes. Y esto ha sido siempre así, no ha cambiado prácticamente nada en cien años el debate de la gestión del suelo de nuestro territorio. Los principales actores, más allá de los públicos, continúan siendo los poderosos. Como lo es el sector de la construcción.
No es sorprendente que la unión de empresas de un sector, el que sea, pida que no se regule nada. Por eso no sorprende que las empresas de la construcción pidan que los dejemos a su aire, que ya se encargan ellos de construir un pisín allí, y una tira de adosados allá. Hay una frase que suele explotarle en la cabeza a mucha gente de ese sector, y del mundo neo liberal en general, y es que, en este país, y en esta región, todo el suelo es público. Esto no quiere decir que sea de todos, o que no haya propiedad privada. No hablamos de comunismo, no, hablamos de que existen unas normas en el urbanismo que posibilitan que nadie, ni el señor dueño de Mercadona, ni el señor dueño de Zara, ni mi abuelo de Piloña, construyan un rascacielos o una nave donde quieran. Porque, si quitamos las normas que controlan el suelo ¿alguien dudaría de lo que tardaría el sector de la construcción en proponer alicatar la costa asturiana al estilo de la cántabra o la del Levante? ¿Apostamos a lo que se tardaría en hacer unos cuantos apartamentos y un complejo hotelero en el alto de la Farrapona? Si ya es complicado para nuestra sociedad, y para nuestros políticos, entender y gestionar nuestro territorio ¿os imagináis a los señores con dinero haciéndolo? ¿Os imagináis lo que harían? Porque seguro que cuadras en Piloña no, pero rascacielos en plena ría de Villaviciosa sí.
