Más de 700 pinturas y 800 dibujos de Piñole constituyen un patrimonio artístico de primer orden en el panorama asturiano
El anuncio del cierre indefinido del Museo Nicanor Piñole, con el consiguiente traslado de su colección a Tabacalera, ha encendido las alarmas en el ámbito cultural gijonés. Más allá de la controversia política, el debate abre una cuestión de fondo: ¿qué protección legal ampara tanto al edificio del antiguo Asilo Pola como a la valiosa colección del pintor asturiano?
La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 contempla la figura del Bien de Interés Cultural (BIC), máxima categoría de protección para bienes artísticos y arquitectónicos en el Estado. Esta declaración puede aplicarse tanto a inmuebles —como el propio Asilo Pola, de estilo ecléctico y levantado entre 1903 y 1908 con fines sociales— como a bienes muebles, categoría en la que encajaría la colección de más de 700 pinturas y 800 dibujos de Nicanor Piñole.
En caso de que el Ayuntamiento prosiga con el cierre y cambio de uso del inmueble, la protección como BIC supondría una garantía legal de conservación y destino adecuado. Para los inmuebles, la normativa exige que se mantenga su integridad arquitectónica y que cualquier reforma sea autorizada por la administración competente. En cuanto a las colecciones artísticas declaradas BIC, se establecen restricciones en cuanto a traslado, depósito o venta, lo que impediría su dispersión o el almacenamiento prolongado sin justificación.
¿Quién puede actuar en defensa de este patrimonio? En primer lugar, el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, que ostenta las competencias en materia de patrimonio histórico. Le corresponde incoar y tramitar expedientes de declaración BIC, además de vigilar el cumplimiento de la normativa en su territorio. En paralelo, el Ministerio de Cultura podría intervenir a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), organismo responsable de asesorar, financiar y supervisar intervenciones sobre bienes culturales de especial relevancia.
Además, colectivos ciudadanos, asociaciones culturales e incluso particulares pueden solicitar la incoación de un expediente BIC, obligando a las administraciones a pronunciarse. La mera apertura del procedimiento ya confiere al bien la misma protección que una declaración definitiva, frenando cualquier actuación que pueda ponerlo en riesgo.
