El día 23 de enero está fijada la vistilla de conciliación entre los afiliados demandantes y el partido, aunque todo indica que el pleito seguirá su curso
Los promotores insisten en que hubo «fraude» en la elección de Andrés Ruiz
Será el día 23 de enero, a las once y cuarto de la mañana, en el Juzgado Número 1 de lo Civil de Gijón. A ese día y esa hora están citadas ante el juez las dos partes implicadas en dilucidar la legalidad, o no, del congreso local del PP de Gijón celebrado el pasado mes de febrero, en el que salió elegido como presidente el diputado regional Andrés Ruiz. Después de nueve meses buscando respuestas en los medios internos del partido, la demanda de un grupo de militantes de Gijón que consideran que se vulneraron los estatutos del PP en el citado cónclave local, ya ha sido cursada por el juzgado y, como queda dicho, se ha fijado la fecha del día 23 de enero para que ambas partes en litigio traten de llegar a un acuerdo, algo que se considera del todo improbable o, en caso contrario, se inicie un pleito de imprevisibles consecuencias para el Partido Popular de Gijón y de Asturias, máxime cuando todo el proceso coincidirá con los meses previos a la campaña electoral, en el ámbito local y regional, de la primavera de 2027.
La demanda de este grupo de afiliados del PP gijonés fue presentada a principios del pasado mes de noviembre y, como es preceptivo, el juzgado dio el plazo legal a la parte demandada, es decir, al PP de Gijón, para presentar las alegaciones pertinentes. Al límite de ese plazo, esta misma semana, se presentó la citada respuesta en la que, según la parte demandante, nada se aclara sobre los aspectos vitales de las “graves irregularidades” por ellos denunciadas. En un comunicado hecho público hoy por esta parte, se menciona que “ambos demandados niegan que se hubieran violado los derechos fundamentales de los afiliados, a pesar de las irregularidades denunciadas los días previos y que fueron reconocidas por la propia comisión organizadora del congreso, que se vio obligada a excluir al vocal y varios electores por haber trasladado su ficha a la agrupación de Gijón en contra de los reglamentos y estatutos del partido”.
La demanda está dirigida al PP como partido político, con Andrés Ruiz al frente, que fue quien no contestó, o lo hizo de forma esquiva, tanto en Oviedo como en Madrid, a los requerimientos de los ahora demandantes sobre los detalles concretos y las presuntas irregularidades del congreso local.
El origen de todo este litigio se inició por la sustitución de un miembro de la candidatura de Andrés Ruiz, en concreto de Adrián Carneado, que no podía ir en la listas al haber participado de forma activa en el congreso de Villaviciosa hacía pocos meses. A entender de los ahora demandantes, esa sustitución se hizo fuera del plazo legal previsto en los estatutos del partido y, por ende, de forma fraudulenta. Por ello, en tiempo y forma, pidieron explicaciones tanto al Comité de Derechos y Garantías del PP de Oviedo como de Madrid, sin respuesta alguna satisfactoria. Su intención era, y sigue siendo, que les digan, con detalle y documentos, dónde figura en el articulado del Reglamento o Estatutos del PP que se puede cambiar fuera de plazo una lista electoral. Nunca hubo respuesta. Por parte del comité organizador se asegura que los servicios jurídicos de Madrid así lo autorizaron. De ser verdad, los ahora demandantes quieren que se personalice ese permiso, que se diga quién y cuándo se autorizó un cambio que consideran de todo punto ilegal.
Hasta el momento, vía interna no han logrado respuestas y ahora pretenden que sean los tribunales quienes diluciden si, como creen, se cometió un “fraude” en todo el proceso, algo que el comité organizador niega en rotundo, asegurando que el congreso fue el más limpio celebrado nunca en Gijón. En más, en reiteradas ocasiones mostraron su despreocupación por la demanda ahora en curso, dando por prácticamente seguro de que no tendría recorrido alguno y que ni siquiera sería admitida a trámite por el juzgado. El letrado Pedro Górriz (que era miembro del comité organizador del congreso ahora en litigio) representará a la parte demandada, para lo que, según parece, le han sido requeridos en el juzgado nuevos poderes de delegación.
Igualmente, en la nota hecha pública hoy por los demandantes, se hace expresa mención al “escaso margen (de votos) entre los candidatos sin poder comprobar, a día de hoy, si la lista de electores fue revisada y depurada en su totalidad, lo que hace planear una maniobra fraudulenta por parte de la comisión organizadora”, dejando entrever que se pudiera haber dejado emitir su voto de manera irregular a militantes vinculados “con responsables políticos próximos al candidato finalmente elegido”. Por ello confían que la información que deberá de aportar el partido en el juzgado sí aclare estos extremos al igual que todos los citados con anterioridad. La cita inicial será el día 23 de enero próximo. De no haber acuerdo, el pleito seguirá su curso.
