En plena lucha de un sector de la población por la derogación del decreto que bloquea los desahucios si sus protagonistas se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, miGijón se hace eco de este relato, aportado por uno de los afectados por dicha norma
POR GUILLERMO ROMÁN MÉNDEZ
Continúan las tensiones dentro de ese vasto campo de polémicas que es el ámbito de la vivienda. Y, en las últimas horas, los ‘puntos calientes’ han derivado hacia un aspecto muy concreto del mismo: el decreto 11/2020, instaurado en los duros días de la pandemia, y según el cual no es posible ejecutar un desahucios si la persona o la familia afectada demuestra estar en situación de vulnerabilidad económica, y carente de una alternativa habitacional viable. Una norma contra la que, el pasado sábado, cientos de propietarios se manifestaron en distintas ciudades de España, reclamando su inmediata derogación. También en Asturias y, más concretamente, en Gijón.
Uno de los damnificados por la misma, Guillermo Román Méndez, ha querido sintetizar el sentir de aquellas personas con inmuebles ocupados por medio de un breve relato en prosa que, este martes, miGijón publica en exclusiva.
Dice así…
En un lugar tan cercano como lejano, un día tal como hoy, una mañana de invierno, Mario fue testigo de un fenómeno singular. Tras el mostrador de su tienda, se disponía para pasar por caja los artículos del carro que empujaba un cliente habitual. Esta vez, al consabido y afable «Buenos días» no le siguió una respuesta. Mario, algo perplejo, siguió al cliente con la mirada, girando el cuello conforme se acercaba a las puertas correderas. Sin todavía comprender lo que veía, se acercó apresurado a la salida para recordar a la figura que se empequeñecía en la distancia, que no había pasado por caja. La figura dio la vuelta a la esquina. La figura ya no estaba.
Ante la puerta de la comisaría, Mario se reconforta a sí mismo: «Esto es algo sencillo. No. ¡Pan comido! El video no deja lugar a dudas, y tenemos sus datos de contacto que usamos para los envíos a domicilio. En dos días, malentendido arreglado». Quince minutos después, al otro lado de la mesa frente a la que Mario relató su historia, una mano deja de tomar notas, y una voz apesadumbrada, la voz de alguien que ha oído esta historia demasiadas veces, y a quien le gustaría poder ofrecer una solución, le responde:
—Estar, está todo claro. Pero aquí no podemos hacer nada. Debe usted interponer una denuncia. Asegúrese de contactar con un especialista en este tipo de casos. Le deseo toda la suerte.
Ante la puerta del abogado, todavía algo perplejo por este aparente desamparo de su estado de derecho, Mario se consuela: «Un juicio parece un trámite algo innecesario, pero esto está tan claro como el agua, debería ser un proceso corto. ¡Visto para sentencia!». Media hora después, Mario recobra aliento tras contar su historia y, de alguna forma, el gesto de su interlocutor, le da una sensación de déjà vu.
—Verá, aunque a priori le pueda extrañar, este proceso no es ni corto ni sencillo. Por los datos que me ha facilitado, parece que nos encontramos ante un individuo vulnerable, y el alimento es un derecho básico.
—¿Quiere decir que ya no recuperaré mis productos? ¿Que ya no se puede hacer nada?
—Lo que quiero decir es que el proceso es largo, y necesita estar preparado cada mes, hasta que logremos una sentencia.
—¿Preparado? No lo sigo…
—Este es su cliente, y va a necesitar alimento todos los meses. No le puede negar alimento. Hasta no tener un veredicto, se trata de un cliente de pleno derecho. Y no piense en negarle los envíos gratuitos, porque si le corta los envíos, la justicia actuará con premura.
En su cabeza, Mario da vueltas y vueltas a la imagen que tiene en su cabeza, pero no hay forma de darle sentido.
—¿Y si cierro el negocio?
—Me temo que no puedes cerrar el negocio hasta que el ladrón no haya encontrado otra tienda, o el proceso termine.
—Pero estoy perdiendo dinero. Esta tienda es el fruto de años de ahorro y trabajo. ¡Estoy pagando el crédito que pedí para adecentarla!
—En un par de años, estará solucionado, probablemente. Mira, Mario, se trata de un derecho básico e inalienable. Todo el mundo tiene derecho a la comida. ¿Qué otra cosa podemos hacer como sociedad? Alguien tiene que ocuparse y te ha tocado a ti. Otras cosas son mucho más fáciles de gestionar: la atención médica, la cubre la seguridad social; la educación es pública; para la vivienda, tenemos viviendas sociales, avales públicos y seguros de impago respaldados por el gobierno que se activan cuando alguien no puede hacer frente a sus pagos por su vulnerabilidad, porque eso es claramente responsabilidad de todos. El estado se hace responsable de todo, menos de esto. Es justo, al fin y al cabo. Por cierto, nos estamos pasando de la hora, te tengo que cobrar otra.
—¿Y cómo se costea el ladrón todo este proceso?
—Mario, la justicia es un derecho. El cliente tiene abogado gratuito.
