La Unión de Inmobiliarias de Asturias y el Sindicato de Vivienda analizan las causas y las posibles soluciones del desorbitado incremento de los desahucios en la comunidad
Según datos oficiales, en Asturias el número de desahucios en el primer semestre fue de 413, lo que supone un incremento del 120,9% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Cuáles pensáis que son las causas de esto?
Katia Domingo, presidenta de Unión de Inmobiliarias de Asturias (UIA): Creo que es debido a que, durante un tiempo, se han paralizado los desahucios para comprobar si esas personas eran o no vulnerables. Conforme servicios sociales han ido resolviendo estos expedientes, y se ha concluido que muchos no son vulnerables, se empiezan a ejecutar esos desahucios. No creo que sea porque la gente pague menos, sino por esa paralización de los últimos años. Un segundo apunte es que pienso que hay más desahucios porque hay gente que no paga sabiendo que la ley los ampara. Muchos inquilinos se ven reforzados por este movimiento de inquilinos que les anima a que no paguen, porque saben que la ley los ampara si se declaran con vulnerabilidad social. En ese caso, el desahucio se para hasta que servicios sociales tome una decisión, y mientras tanto la persona puede estar en la vivienda sin pagar, y eso puede durar hasta un año. El próximo 31 de diciembre se va a decidir si se prorroga esa paralización de los desahucios, o si a partir del 1 de enero ya se pueden ejecutar.
Sara Álvarez, del Sindicato de Vivienda de Asturias (SVA): Es interesante cómo la principal causa de desahucio se ha trasladado del impago de las hipotecas al del alquiler. Eso nos da pistas de cómo la mercantilización de la vivienda se reconfigura en base a las necesidades del capital. Hay causas económicas de este aumento exacerbado de desahucios, y pasan por la instauración de la vivienda como un activo financiero de gran rentabilidad a costa de los salarios de la clase trabajadora; según el informe del BCE, en el segundo trimestre de este año, el alquiler ofrece una rentabilidad agregada del 7,6% respecto a 2023, por lo que los rentistas y especuladores necesitan poner en el mercado la vivienda vacía y ocupada, construir más vivienda y, además, subir los precios o, en su defecto, echar a las personas que no puedan asumir este coste para sustituirlas por otras aporten más beneficios. El precio medio del alquiler ha aumentado un 11,3% respecto a septiembre de 2023, un 29,5% respecto a noviembre de 2019 y un 53% si nos remontamos a la última década. La edad media para comprar una casa en Asturias está en los 42 años. Una persona trabajadora que cobra el SMI destina un 43% de su sueldo al pago de alquiler. El acceso a la vivienda se ha erigido como una de las principales fuentes de desigualdad.
¿Cuáles pensáis que son los motivos por lo que se ha llegado a esta situación?
UIA: Hay un movimiento por parte de los inquilinos que saben que la ley les ampara, entonces en los desahucios de alquiler estamos en un momento complicado. Hay inquilinos que podrían pagar, pero saben que en su situación se les ampara y dejan de pagar. No digo que sean todos, pero sí muchos. Esto crea una gran inseguridad jurídica para el propietario, que va a dejar de poner sus pisos en alquiler. Estamos en un momento muy complicado por a escasez de oferta, y se debe principalmente a que el propietario tiene miedo y se ve desprotegido. En este momento los alquileres suben, porque hay poca oferta, pero los sueldos no. Esto hace que muchos inquilinos vivan en un piso que, quizás, dentro de un año no van a poder pagar. Están alquilando por encima de sus posibilidades, y esto puede llevar a situaciones difíciles. Y aunque estamos alquilando bien-por ejemplo, un piso que antes estaba en 600 ahora está en 800-, muchas veces alquilamos a inquilinos que, por su sueldo, van muy forzados, y eso puede hacer que un año o dos dejen de pagar porque ya no pueden.
SVA: El conflicto de base es la condición de la vivienda como mercancía, que nos lleva a la propiedad privada, el núcleo del engranaje capitalista, que conduce a la especulación con el suelo y la vivienda, que se relaciona con el aumento de precios frente al mantenimiento de los salarios. De hecho, el riesgo de pobreza y/o exclusión social en nuestro país es de 12,7 millones de personas. Ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, debido principalmente al encarecimiento de la vida. Sería tramposo apelar al derecho constitucional a la vivienda, pues lo que te da el artículo 47 de la constitución-derecho a la vivienda- te lo quita en el 33-blindaje de la propiedad privada. Señalamos a rentistas y especuladores, a fondos buitre y grandes inversores, pero también al marco político diseñado para protegerles. Nuestros barrios y pueblos se vuelven escenarios para el negocio turístico para las personas con mayor poder adquisitivo. Además, la lógica industrial también afecta al futuro del espacio urbano más periférico. La clase trabajadora de las cuencas sufrirá de igual manera los efectos de ser un cementerio de desechos industriales como tienen pensado con el repositorio de cenizas de Lada. La clase obrera más precarizada, los migrantes y sectores de la clase trabajadora como personas racializadas, trans y otras identidades de género, están en una situación especialmente vulnerable. La escasez de vivienda es sólo una trampa discursiva que justifique la construcción de nueva vivienda que beneficie a los de siempre, empresarios y políticos, mientras que el 40% de las viviendas de Asturias están vacías y VIPASA sigue desahuciando a sus inquilinos para solventar su propia deuda. La vivienda pública acaba sirviendo, en última instancia, para alimentar el negocio inmobiliario. Las próximas promociones de parque público de Asturias, de hecho, ya tienen un ganador: Unicaja, y una vez más, extrae sus ganancias mediante la explotación de la clase trabajadora y el pago de unas rentas inasumibles, como ejemplifica el precio del alquiler para los pisos protegidos de peritos, anunciados entre 410 y 668 euros, lo que supone entre el 36 y el 59% del SMI.
¿Qué medidas pensáis que son necesarias para tratar de resolver este problema y facilitar el derecho a la vivienda en Asturias?
UIA: Sobre todo, acabar con el tema de la vulnerabilidad social. Si de verdad existe, es el Estado el que debe hacerse cargo, y no el propietario. Ten en cuenta que la Ley de Vivienda dice que un individuo es vulnerable cuando gana 1800 euros y paga 500 de alquileres. Eso supone una inseguridad jurídica muy grande para el propietario. El Estado debería disponer de vivienda pública o social para esas personas vulnerables, pero no pueden ser los propietarios quienes cubran sus necesidades. Creemos que el Principado, con su proyecto de construir más de 600 viviendas públicas, o el ayuntamiento de Gijón con el Proyecto Llave, que implica construir viviendas sociales en suelos públicos, lo están haciendo bien. También pedimos un cambio en la normativa, porque la legislación beenficia al inquilino en perjuicio del propietario. Las normas tienen que ser equilibradas: si va a beneficiarse al inquilino, hay que hacer lo mismo con el propietario por otra parte. Por ejemplo, con beneficios fiscales, o permitiendo que se pueda desahuciar rápidamente. Así lograremos que muchos propietarios pongan sus viviendas en alquiler a un precio razonable.
SVA: Miles de familias de clase trabajadora viven día a día con la amenaza constante de perder su vivienda, ya sea por no poder pagarla o porque los dueños quieren expulsar a los inquilinos para aumentar sus ganancias. Existen muchas formas de expulsar a la clase trabajadora de su casa, constituyendo desahucios invisibles e ilegales, como los cambios de cerraduras, la no renovación de los contratos, las subidas de la renta, las cláusulas abusivas, los contratos temporales e irregulares, la presión de organizaciones parapoliciales como Desokupa, los cortes de suministros, la violación constante de la intimidad del domicilio por parte del casero… El desahucio no es solo el momento de la expulsión vía judicial o policial. Esto no es más que una de las expresiones más conocidas de un proceso general, ejecutado con total impunidad por parte de propietarios, fondos buitre, bancos y Estado, consistente en expulsar gradualmente a los trabajadores con menores ingresos de sus domicilios. Son parte del proceso de desahucio todas las acciones dirigidas a obligar a la clase trabajadora a abandonar su vivienda para que se extraiga más rentabilidad de esa vivienda. Frente a todo esto, reivindicamos la suspensión permanente e incondicional de todas las formas de desahucio. Ello implica la negativa a aceptar que pueda haber cualquier justificación moral para que una persona se quede sin casa, sea no buscar trabajo o haber renunciado a las soluciones habitacionales de miseria del Estado. La erradicación total de los desahucios pasa por garantizar una vivienda gratuita, de calidad y universal en cualquier momento. La suspensión de todos los desahucios de viviendas públicas y condonación de las deudas por impago; esto está al alcance de ambos niveles de la administración pública, gobierno autonómico y ayuntamientos. Exigimos también la expropiación de aquellas viviendas que no respondan a las necesidades sociales, como son los pisos turísticos. La crisis de vivienda no es un problema de oferta, sino de acceso: las viviendas vacías son mucho más rentables para los grandes propietarios, pues pueden convertirlas en pisos turísticos con los que enriquecerse.
¿Conocéis en el sindicato algún caso de desahucio reciente?, ¿cómo y en qué condiciones se ejecutó?
SVA: Conocimos a dos vecinas de L’Infiestu que hacían frente a sus respectivos avisos de desahucio. Llevan 11 y 10 años viviendo en sus casas, a las que accedieron con un contrato de alquiler con la constructora Protapa, que quebró. Hubo momentos de vacío, pues las viviendas se consideran activos financieros y las inquilinas no tenían claro a quién pagar. Ello dio lugar a que fuesen víctimas de estafa por parte de un cobrador con mala praxis, que después no era el que pagaba a la gestora. Este individuo entraba en sus casas cuando le placía, invadiendo su intimidad. La primera notificación de Sareb llega en febrero 2024, invitándolas a desalojar voluntariamente sus viviendas. La segunda es del 4 de abril, con una orden de lanzamiento para el 26 de julio. Desde ahí, las vecinas han recorrido un tortuoso camino de negociación en el que sus desahucios se retrasaban gracias a la presión sindical, en paralelo a la negociación de un alquiler social para ambas vecinas, consideradas en estado de vulnerabilidad social. Siguen sin saber cuándo se efectuará la firma de su contrato de alquiler. La mayor problemática es que la Sareb está intentando retrasar al máximo el proceso para presionar y desgastar, y así conseguir que se vayan, como ya consiguieron con los vecinos de otra planta
También, una vecina de las viviendas de VIPASA de La Corredoria, se enfrenta a un aviso de desahucio para el 31 de diciembre, con la feliz entrada de año que te desea Ovidio Zapico y el resto del gobierno. Se trata de una familia con dos menores a la que quieren desahuciar por impago del alquiler. Nuestro objetivo es paralizar el desahucio, la condonación de la deuda, y la renegociación del alquiler con VIPASA, para que esta familia del Sindicato se quede en su casa.
