Un total de 60 personas, un matrimonio español cabecilla de la trama y 58 marroquíes regularizados de forma ilegal, fueron arrestados por la Policía Nacional, principalmente en Granada, por defraudar más de 211.000 euros a la Seguridad Social
La ‘Operación Guernica’, iniciada en noviembre de 2021 con una investigación policial realizada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada, permitió desarticular un entramado de empresas liderado por un matrimonio español que habrían regularizado la situación administrativa de multitud de ciudadanos marroquíes en España gracias a supuestas ofertas de empleo en el sector agrícola. Se habrían defraudado más de 210.000 euros a la Seguridad Social por el cobro indebido de prestaciones, lo que llevó a la detención de esto dos ciudadanos en Granada y Palma, además de a 58 marroquíes, uno de ellos en Oviedo.
Los agentes observaron que el volumen de contratación de estos ciudadanos era totalmente incoherente, desmesurado y desproporcionado con la capacidad de las empresas investigadas conforme a la supuesta extensión de los terrenos agrícolas en cuestión. Unos trámites que superaban el centenar y que se llevaba a cabo en Andalucía, principalmente en Granada y Almería, pero también en Málaga y Huelva y en la comunidad vecina de Murcia.
Según informa la Policía, estas residencias se tramitaron principalmente bajo las modalidades de Autorizaciones de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, Arraigo Social, Residencia Temporal y de Trabajo por Cuenta Ajena, y Residencia Temporal y de Trabajo por Cuenta Ajena por Primera Renovación. En el transcurso de la investigación, se observó que el entramado que formaban las empresas investigadas cotizaban y acreditaban ante la Seguridad Social días trabajados de forma ficticia y utilizaban su estructura empresarial para simular toda una serie de relaciones laborales, estructura gracias a la que una serie de supuestos trabajadores, todos ellos ciudadanos extranjeros nacionales de Marruecos en situación irregular en el país, habrían logrado regularizar su situación en España y obtener un permiso de residencia.
Además, estas personas se beneficiaban de forma indebida de prestaciones por desempleo por supuestos periodos cotizados de esos falsos contratos, ya que no llegaban a ejercer actividad laboral alguna. Los dos empresarios españoles, que tenían en Motril la sede de la firma matriz de la trama, facilitaban los trámites de manera ilegal para dichas prestaciones, defraudando más de 211.000 euros, una cantidad que, en gran parte, ya ha sido reintegrada a las arcas públicas. Aparte de su detención y la de uno de los supuestos trabajadores en Oviedo, hubo arrestos en Granada (50), Huesca (2), Castellón (2), Algeciras (1), Palma (1) y Lérida (1).
