Una ley contra las excusas

«La nueva ley de movilidad sostenible desbloquea 10.000 millones de euros y crea un nuevo fondo estatal, nuevos derechos ciudadanos, obligaciones para ayuntamientos, empresas, y un mandato claro: movernos mejor y contaminar menos»

Por fin se ha aprobado la llamada Ley de Movilidad Sostenible, por la que habían luchado muchos colectivos, asociaciones y entidades, que trabajan para mejorar y hacer más sostenibles y saludables nuestros entornos urbanos. No es solo un adorno: Reconoce por primera vez que la movilidad sostenible es un derecho y eso implicará obligaciones para el estado, pero también para las comunidades y los municipios. Tampoco es oro todo lo que reluce, ni la ley que a muchos nos gustaría pero es un avance y se acerca al tipo de normativas que Europa nos venía solicitando. El asunto desbloquea nada menos que 10.000 millones de euros, con la intención de descarbonizar el transporte y mejorar la calidad del aire (entre otros objetivos). Y bienvenida sea porque empieza a ser una tónica habitual que no solo es cuestión de que nos adaptemos para igualarnos a estándares más centroeuropeos, si no que en algunos aspectos incluso los estamos mejorando. Con las renovables, por ejemplo.

Ha costado, porque ya saben que en el congreso hay un galimatías importante que muchos comparan con el apocalipsis, pero que a mi me gusta pensar que representa bien la gran diversidad que tenemos como país. Siempre es mejor negociar con muchos, que solo con dos. No nos ha ido peor así nunca, si no mejor. Cuanto antes aceptemos que somos una sociedad compleja, antes nos pondremos a lo importante.

¿Y qué significa esta ley para una ciudad como la nuestra, que lleva años discutiendo absurdamente cuestiones que deberían de estar ampliamente superadas, como la necesidad de más carriles bus y bici, Zona de Bajas Emisiones, accesos al Musel, etc.? Porque aunque la ley es estatal, sus efectos van a sentirse en Gijón y si se aplica bien, puede ser una palanca grande. Si se deja en un limbo, pues será otro papel bonito en un cajón.

Con el autobús, corazón del sistema de transporte público, EMTUSA hace lo que puede con lo que tiene pero no basta solo con renovar poco a poco la flota que ya estaba en los extremos de su uso y dar la legislatura por amortizada: Hacen falta repensar las líneas, intermodalidad, más frecuencias, mejor prioridad semafórica, carriles propios y una financiación estable que ahora se pide reforzar por ley. También abre la puerta a fondos específicos y dependerá de sí la corporación se pone a trabajar proactivamente o de si prefiere no hacerlo y buscar a algún “enemigo exterior”.

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Respecto a la bicicleta, tanto esta nueva ley, como el nuevo reglamento de carreteras a nivel estatal, ya lo dejan claro: los municipios deben empezar a integrar la bicicleta en sus estrategias de transporte y tienen la obligación de fomentar los medios sostenibles y activos. Ya no es una opción estética, es una obligación legal. En Gijón, el ejemplo más claro es GijónBici, que pese a sus limitaciones, ha demostrado una gran demanda. Las bicicletas eléctricas municipales sufren debido a su uso intensivo y su pírrico volumen respecto a los potenciales usuario/as, problema reconocido por el propio ayuntamiento en sendas respuestas a estos. Sin embargo, si le echamos un vistazo a los nuevos y no aprobados todavía presupuestos municipales, poco o nada se habla de ampliar carriles bici o la propia flota de bicicleta pública. Esperemos que según vengan las novedades de la ley y las  ayudas complementarias, las sepan aprovechar y no les pase como en Cimadevilla.

En lo laboral: las grandes/medianas empresas y administraciones deberán tener planes de movilidad al trabajo. No se trata de capricho burocrático, sino de lógica. Miles de desplazamientos diarios a polígonos como Porceyo, Somonte, Tabaza, etc., dependen del coche particular porque no hay alternativa viable o poco usable. La ley comenzará a exigir a las empresas que fomenten el transporte colectivo, el coche compartido, la bici o incluso incentivos para quienes teletrabajan algunos días. Algo tan simple como solicitar infraestructura, poner un vestuario y aparcabicis decentes, o coordinar un microbús, puede reducir cientos de trayectos.

Sobre la ZBE, en Gijón llevamos tres años mareando la perdiz con la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada. La ley refuerza lo que ya era obligatorio desde 2023: todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben tenerla activa. El problema no es técnico ni económico, es de voluntad y de explicar sus bondades, que tiene muchas y ya he explicado aquí, más allá del populismo barato de que si me van a dejar pasar con el coche hasta la puerta o no. El Ayuntamiento ha preferido retrasarla y modificarla hasta vaciarla de contenido, perdiendo además fondos estatales y europeos que dependían de su puesta en marcha y tirando a la basura otros vinculados a su implantación. Ahora la nueva ley endurece el marco: las ZBE deben servir realmente para reducir emisiones y priorizar los modos de desplazamiento limpios. Si la versión local se limita a poner señales sin sanciones hasta 2028, habrá más consecuencias.  Además, con toda lógica, se revisará el criterio de las pegatinas, ya que la actual clasificación era muy antigua y daba calificación preferente a vehículos que no las cumplían en absoluto. Por ejemplo, los vehículos de gama alta, híbridos y enchufables, pero igual de contaminantes o más en proporción.

También es una oportunidad relacionada que implica a El Musel y el transporte de mercancías. La ley pedirá digitalización, criterios ambientales, bonificaciones al tren frente a la carretera y muchos otros detalles por concretar. Si el Puerto, Principado y el Ayuntamiento empujan, esto puede reducir ruido, emisiones y camiones cruzando la ciudad.

La logística sostenible es otro de los puntos interesantes de la nueva ley. En su articulado se habla de impulsar la ciclo-logística, los vehículos de cero emisiones y la digitalización de los repartos, junto con la creación de nodos logísticos coordinados entre administraciones. Es decir, se abre el marco legal para que las ciudades organicen mejor su reparto de última milla y reduzcan el impacto de las furgonetas en los barrios. En Gijón, sin embargo, el reparto urbano sigue dependiendo casi por completo de vehículos diésel aparcados en doble fila, ocupando carriles bici y sin espacios reservados. Aprovechar esta ley podría significar convertir algunas plazas de aparcamiento en pequeños puntos de carga, electrificar flotas o coordinar mejor a los operadores locales. No hace falta inventar nada: basta con mirar lo que ya funciona en ciudades como Barcelona o Vitoria-Gasteiz.

En definitiva y como siempre: La ley no va a hacer milagros en una ciudad que ni siquiera tiene una ordenanza de movilidad actualizada por pura vagancia. Pero deja menos margen para el inmovilismo. Si Gijón quiere aprovecharla, tendrá que planificar, coordinar y rendir cuentas. Ya no vale con decir “Madrid no me deja” , “Europa no obliga” o que son “intereses oscuros del Principado”: ahora lo que falta no es permiso o excusas baratas para no cumplir con las obligaciones, sino voluntad de trabajar por los problemas de movilidad de la ciudad. 

Como en tantas otras ocasiones, lo difícil no será el qué, sino el cuándo y el cómo. La norma está aprobada; los compromisos que incluye por desarrollar y los fondos por asignar. La ciudadanía, cada vez es más consciente de la necesidad de infraestructura para moverse de manera sostenible. Lo que hace falta es un poco de ambición y menos miedo a que las cosas cambien para mejor.