Una mujer gijonesa relata el calvario burocrático y la desidia administrativa que está sufriendo desde que hace 3 años solicitó plaza en una residencia de mayores para su madre de 96 años
A Marta Guerra, gijonesa de 54 años, no deja de sorprenderle la inconsciencia de la opinión pública ante la cuestión que la tiene “en una ratonera” desde hace tres años. En una sociedad envejecida, y con la tendencia a tener hijos cada vez más tarde, es previsible que el problema se vaya agravando con los años. “Cuando se habla de conciliación siempre se nos vienen a la cabeza niños pequeños”, cuenta Guerra, “pero nunca se piensa en la conciliación con personas mayores que, quien más y quien menos, tiene a su cargo y suele ser gente muy vulnerable”. Guerra denuncia el calvario burocrático, la desidia administrativa, las interminables listas de espera y la falta de recursos en el sistema de residencias públicas del Principado. Desde hace tres años, esta gijonesa intenta sin éxito conseguir una plaza en una residencia pública para su madre de 96 años: “En una pública está en el puesto 21 de la lista de espera, en una concertada en el 24 y en otra concertada en el 35. El sistema público funciona tan mal que cuando consigas la plaza es posible que ya se haya muerto”.
En el sistema privado, “una plaza ronda los 1800 o 2000 euros al mes, algo que pocas familias pueden permitirse. Mi madre tiene una pensión de 825 euros. ¿Vas a tener que vender tu casa, por la que has trabajado toda la vida, para pagar una residencia? Ahora voy a pedir una plaza por emergencia social, algo que, si el sistema funcionase bien, no necesitaría. Pero el sistema es tan perverso que, si pides plaza por emergencia, te la dan en la primera residencia que quede libre, ya sea en Tineo o en Colombres”. Guerra critica además las fallas en el mecanismo de valoración de la dependencia. “La valoradora estuvo con mi madre cinco minutos”, asegura, “no la mandó ni levantarse del sofá. Le dieron un grado 2 de 3 de dependencia, y mira cómo funciona esto: en enero me llegó la resolución de grado 2, lo recurrí en febrero y en junio llamé a ver cómo iba. Entonces ya me dijeron que suele tardar y que el resultado seguramente fuese que no me lo cambiaban. Volví a pedir en junio una revisión del grado pero, a día de hoy, a finales de octubre, aún están revisando las solicitudes que tienen de febrero”.
Con tanta demora en el sistema, gestionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, eso significa que “llegarán a la revisión de mi madre en enero o febrero de 2025, tienen que venir a valorarla, hacer un informe y mandar la resolución. Yendo bien las cosas, a lo mejor en mayo o junio de 2025 tengo la resolución de algo que solicité en febrero de 2024”. Marta reconoce su desesperación: “No tengo más dinero, y no sé cuándo me puede tocar una plaza, porque los criterios van cambiando. Es un desgaste constante, porque cada día es peor y no sabes hasta cuándo va a vivir esa persona mayor”. La gijonesa augura que es un problema que en el futuro sea más grave, “porque la gente empieza a tener hijos cuando ya tiene que cuidar de sus padres. No tenemos suficientes residencias públicas, y no se están construyendo”. Marta no oculta su cansancio: “Tengo 54 años y llevo toda la vida cuidando: ¿hasta cuándo?”.
