La alcaldesa reivindica la estabilidad del pacto en un momento de fuertes tensiones entre los socios
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, volvió este martes a defender la “magnífica” y “extraordinaria” relación de su gobierno con el Partido Popular, en un momento en el que los choques entre ambos socios empiezan a aflorar de forma cada vez más pública. La regidora reaccionaba así a la petición del presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, de que Foro “reflexione” tras el último desencuentro por el contrato de los contenedores rojos de ropa usada, adjudicado por Emulsa y actualmente envuelto en una fuerte controversia política y administrativa.
“Reflexiono todos los días”, respondió Moriyón ante los medios, insistiendo en que no existe una “crisis de contenedores” y subrayando que, como alcaldesa, no puede intervenir en los contratos públicos. A su juicio, el problema se limita a “distintas interpretaciones de la ley” dentro de un procedimiento “complejo”, agravado por el recurso presentado por Cáritas, histórica gestora del servicio. Siguiendo el criterio de la Secretaría General del Ayuntamiento, añadió, se optó por solicitar un informe a la Asesoría Jurídica, como se ha hecho en otros conflictos municipales.
Sin embargo, el relato de normalidad institucional que proyecta la Alcaldía contrasta con el malestar que se ha instalado en el seno del Partido Popular. Fuentes populares han denunciado que Moriyón conocía desde agosto el recurso de alzada de Cáritas y, pese a ello, permitió que el plazo legal para resolverlo venciera sin que se adoptara ninguna decisión, provocando su desestimación por silencio administrativo. El episodio más delicado se produjo el 21 de octubre, cuando la alcaldesa se reunió con representantes de Cáritas y aseguró desconocer el asunto, una escena que desde el PP califican ahora de “teatral”.
A esta polémica se suma la aparición de un informe jurídico elaborado por una asesora de libre designación de la Alcaldía que propone desistir del concurso por supuestas irregularidades en los pliegos, en contra del criterio de los técnicos de Emulsa, de la asesoría jurídica de Medio Ambiente y de un despacho externo especializado en contratación pública. En el PP temen que Moriyón imponga ahora una resolución unilateral, con el consiguiente riesgo de litigios y responsabilidades patrimoniales.
Pero el conflicto de la ropa usada no es un hecho aislado. En esencia, lo ocurrido recientemente con el Albergue Covadonga ya había mostrado hasta qué punto la “relación extraordinaria” tiene límites muy claros. El área de Servicios Sociales, en manos del Partido Popular, diseñó y defendió el traslado temporal del albergue al antiguo Hogar de San José, en El Natahoyo, para poder reformar el edificio original. Técnicamente la solución tenía lógica y el concejal del PP la presentó como una decisión ya adoptada.
El problema llegó cuando estalló la protesta vecinal. Ante el coste político del conflicto, Carmen Moriyón dio un giro: intervino directamente, frenó el proceso, abrió una ronda de contactos y dejó claro que la decisión no estaba cerrada, desautorizando de hecho a su socio de gobierno. El PP quedó así en una posición incómoda, defendiendo públicamente un plan que la alcaldesa corrigió después.
No fue una ruptura formal, pero sí una demostración clara de quién marca el rumbo en la coalición y de que, cuando hay conflicto social, Foro no duda en enmendarle la plana al PP para protegerse políticamente. En ese contexto, la insistencia de Moriyón en una “relación magnífica” suena menos a una descripción objetiva de la realidad y más a un intento de mantener bajo control un gobierno que acumula ya demasiados frentes abiertos.
