Afirman que la alcaldesa «sabía perfectamente» que Cáritas había recurrido el concurso sobre la ropa usada y aun así dejó pasar el plazo hasta su desestimación
Fuentes del Partido Popular de Gijón han expresado un profundo malestar por la gestión realizada desde la Alcaldía en relación con el concurso para la adjudicación del servicio de recogida de ropa usada, tras lo expuesto este lunes en la Junta Directiva Local celebrada en la sede de Álvarez Garaya. Durante la sesión, se ofreció a los asistentes un relato pormenorizado del procedimiento administrativo seguido por EMULSA y del recurso de alzada presentado por Cáritas, poniendo el foco en una cadena de decisiones —y omisiones— que, en palabras de estas fuentes, “resultan difícilmente explicables desde un punto de vista técnico y político”. Todo apoyado en justificaciones documentales.
Según se explicó, “el recurso de alzada de Cáritas fue registrado el 18 de agosto y remitido tanto a EMULSA como a la Secretaría General del Pleno y a la Asesoría Jurídica de la Alcaldía”, lo que, a juicio del PP, implica que “la Alcaldía quedó formalmente informada desde ese mismo momento de la existencia del recurso y de su contenido”. Además, se recordó que “el 22 de agosto la dirección de EMULSA volvió a dirigirse a la Secretaría General del Ayuntamiento para pedir instrucciones sobre si debía continuarse o no con la adjudicación”.
Esa consulta, siempre según el relato trasladado a la Junta Local, “no obtuvo respuesta hasta el 19 de noviembre, cinco días después de que hubiera vencido el plazo legal para resolver el recurso”. En ese contexto, desde el PP consideran especialmente relevante que “el 21 de octubre la alcaldesa, Carmen Moriyón, se reuniera con representantes de Cáritas y afirmara desconocer el asunto”, una reacción que, según los asistentes a aquel encuentro, “se teatralizó con gestos de sorpresa”. Para los populares, “esa versión no se sostiene, porque la Alcaldía llevaba semanas informada”.
El plazo para resolver el recurso finalizaba el 14 de noviembre. “El día 7 EMULSA elevó una propuesta de resolución para que fuera sometida a la Junta de Gobierno”, se explicó, pero “ni esa propuesta ni ninguna alternativa se incluyeron en el orden del día de la Junta del 11 de noviembre”. Tampoco, añadieron, “se convocó una Junta de Gobierno extraordinaria para tratar un asunto que tenía un plazo legal perentorio”.
De esta forma, se afirma que Carmen Moriyón “ya conocía perfectamente tanto el resultado del concurso perdido por la entidad como el recurso de alzada que esta había presentado, pese a haber afirmado lo contrario durante el trascurso del encuentro con Cáritas, y desde la Alcaldía se optó deliberadamente por no resolver dicho recurso, ni en sentido favorable ni desfavorable, permitiendo que el plazo prescribiera y provocando su desestimación por silencio administrativo negativo”.
A esta situación se suma, según las mismas fuentes, “la aparición reciente de un informe, presuntamente elaborado ad hoc para la Alcaldía, que pretende ahora justificar un desistimiento del procedimiento por supuestas infracciones no subsanables en los pliegos”. Dicho informe, detallan, “tiene como autora a la asesora jurídica de la Alcaldía, un cargo de libre designación y, por tanto, de confianza política”, y “contradice frontalmente hasta cuatro informes previos emitidos por órganos técnicos y jurídicos independientes”.
En concreto, explican que ese documento “se opone al informe conjunto de los cuatro jefes de servicio de EMULSA que integraron la mesa de contratación, al informe de la asesoría jurídica de la Concejalía de Medio Ambiente y al dictamen del despacho madrileño Van Beveren, una firma nacional especializada en contratación pública”. Resulta, además, “especialmente significativo que ninguno de estos informes cuestionara la legalidad ni la validez de los pliegos”, y que “ni siquiera Cáritas lo hiciera, limitándose a discrepar sobre la forma en que los pliegos fueron aplicados o interpretados durante el procedimiento”.
El malestar aumenta ante la posibilidad de que “la alcaldesa imponga un desistimiento mediante una resolución de Alcaldía, al margen del criterio expreso de la dirección de EMULSA”. A juicio de estas fuentes, “eso supondría desautorizar a los responsables técnicos de la empresa municipal y asumir de forma unilateral una decisión política sin respaldo técnico ni administrativo”.
En la Junta Local del Partido Popular “el malestar es palpable”. Se considera que “la alcaldesa nunca tuvo una voluntad real de resolver esta cuestión” y que “su inacción respondió a una estrategia consciente que ha terminado perjudicando al partido en Gijón”. A ello se añade el riesgo de que “las empresas adjudicatarias acudan a los tribunales”, con posibles “reclamaciones patrimoniales, indemnizaciones por daños y perjuicios o incluso exigencias de responsabilidades personales”. Todo ello se produce, además, en un contexto especialmente delicado para el PP, que subraya “el enorme cariño y respeto que existe hacia Cáritas”, una entidad en la que “participan reconocidos afiliados del partido en la ciudad” y cuya situación “ha generado una incomodidad añadida y una profunda preocupación entre sus miembros”.
