La muerte ayer de un trabajador en la planta gijonesa de ArcelorMittal vuelve a poner en el foco un problema que se ha vuelto recurrente, y para el que CCOO y UGT piden medidas «urgentes» en el marco del Plan de Choque contra la Siniestralidad
«Accidente laboral». Cualquiera con un mínimo de sensibilidad sentirá cómo se le eriza el vello al leer y escuchar esas dos palabras… Más aún si la persona en cuestión está al corriente de la preocupante frecuencia conque, en lo que va de año, se han tenido que proferir en el territorio asturiano. La muerte este miércoles de un trabajador de 53 años en la planta que la multinacional siderúrgica ArcelorMittal opera en Veriña, dentro del término municipal de Gijón, ha elevado a 36 ese dramático total desde que arrancase 2025. Y, con el de ayer, se cuentan por once los que han tenido un desenlace mortal. Un lúgubre balance para el que tanto la sociedad civil, como los sindicatos vuelven a exigir medidas contundentes, eficaces e inmediatas. Acciones, en fin, que ayuden a poner freno a lo que ya es descrito, y cada vez más, como una escalada trágica en toda regla.
Efectivamente, el drama de Veriña, acontecido cuando sobre la víctima, contratada por la empresa Harsco Environmental, cayó la pala de la máquina excavadora que estaba elevando para la manipulación de graneles, es sólo el último de esa tétrica relación cuya entrada inmediatamente anterior también tuvo por escenario Gijón. El azar ha querido que no haga ni un mes de ella… Así, el pasado 9 de junio otro hombre, esta vez de 58 años, perdía la vida en la calle Cuadrante, en la parroquia de Cabueñes, aplastado por una hormigonera mientras participaba en las obras que se estaban realizando en una vivienda del lugar. Una semana y media antes, el 29 de mayo, las vidas de tres operarios de 60, 52 y 46 años quedaban truncadas al colapsar y desplomarse el techo de cierta nave agrícola que estaban construyendo en Coaña. Ese mismo mes, el día 5, de nuevo en Gijón, otro hombre, esta vez de 33 años, fallecía al precipitarse desde lo alto de uno de los edificios integrados en el Polígono Bankunión II, en Tremañes.
Por sí solos, los casos anteriores sumarían seis muertes, una cuantía espeluznante se mire por donde se mire. Sin embargo, para alcanzar un justo total habría que añadir a ellos el espantoso accidente registrado el 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña. Aquel día cinco empleados leoneses y asturianos, con edades comprendidas entre 32 y 54 años, fallecían a consecuencia del estallido de una bolsa de grisú en el tercer nivel de la explotación. El suceso, uno de los más graves de su clase que se recuerdan en el Principado, continúa en fase de investigación; no obstante, por el momento se ha confirmado que la empresa para la que trabajaban las víctimas, Blue Solving, estaba realizando labores extractivas, para las que carecía de licencia, sin haber habilitado las medidas de seguridad básicas que exige la ley. En ese sentido, esta semana sorprendía la noticia, dada a conocer por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, de que ninguno de los heridos supervivientes declarará ante la Comisión de Investigación, después de que el único que se prestó a ello se retractase, reacio a revivir aquel espanto. Se espera que las sesiones comiencen entre los días 28 y 31 de julio.
Ante semejante panorama, no es de extrañar que, después del ‘miércoles negro’ de ayer’, tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT) hayan solicitado una reunión «urgente» de la mesa del Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, en el que también están integrados el Principado, los agentes sociales y la Inspección de Trabajo, para analizar la situación y tratar de ponerle freno. De hecho, desde ambos sindicatos se ha insistido en la necesidad de que ese último órgano redoble esfuerzos en la realización de inspecciones, a fin de detectar cualquier posible mala praxis por parte bien de las compañías, bien de los trabajadores.
