«Este decreto es un desastre normativo que pone en peligro la salud pública», advierte José Fernández, presidente de SIVEPA
La Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado (Aemvet) convocó este domingo una concentración en la Plaza de la Escandalera, en Oviedo, para mostrar su rechazo al Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. La cita reunió a numerosos profesionales del sector y contó con el respaldo del Colegio de Veterinarios de Asturias, SIVEPA (Sindicato Veterinario Profesional de Asturias), CEVE (Confederación Empresarial Veterinaria Española), FESVET (Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios) y diversas asociaciones de protección animal.
Los convocantes denunciaron que este Real Decreto obliga a seguir protocolos antibióticos que “no están basados en los avances ni en la evidencia científica”, introduce medidas “excesivas y arbitrarias”, y pone en riesgo la salud de los animales de compañía.
“Decimos basta y solicitamos la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; la derogación del Real Decreto por incumplir la legislación europea y el retorno inmediato al tipo reducido del IVA aplicado a los servicios veterinarios”, afirmaron desde Aemvet.
José Fernández, presidente del SIVEPA, ofreció una crítica contundente al contenido y las consecuencias del decreto: “¿Y por qué apoyamos estas movilizaciones? Bueno, en general la profesión veterinaria viene arrastrando crónicamente y periódicamente legislación que cada vez le hace más difícil su trabajo y nos pone en una posición más comprometida”.
Fernández defendió el papel clave del veterinario en la salud pública: “Los veterinarios son facultativos sanitarios, cuyo fin último y principal es la defensa de la salud pública, la defensa de la salud de la población, pues a través de la clínica en mascotas y a través de la inspección sanitaria, fundamentalmente”.
Y añadió: “El veterinario es el sanitario garante de que las enfermedades animales no se transmitan a las personas y que los alimentos que se originan de los animales sean seguros sanitariamente”.
Respecto al nuevo decreto, Fernández fue tajante: “La última puntilla es este Real Decreto 666/2023, que pone en tela de juicio el criterio facultativo del veterinario y lo obliga a seguir unos prospectos de medicamentos y una burocracia que no se atiene a la realidad de la profesión ni del tratamiento de los animales”.
Insistió en que “un médico de humanos solo trata una especie, pero un médico veterinario trata muchas especies con muchos procesos patológicos diferentes. No existen medicamentos en el mercado adaptados a todas estas especies ni a sus procesos patológicos”.
Fernández advirtió de los dilemas a los que se enfrenta el profesional: “Estamos en una situación en la que si se respeta al pie de la letra la legislación que está emanando del ministerio de Agricultura, pues o bien no tratas a los animales, o los tratas mal, o incumples la legislación y te arriesgas a una sanción absolutamente desproporcionada que puede superar el millón de euros”.
También alertó sobre las consecuencias para la salud pública: “Los animales enfermos no tratados o peor tratados desarrollan enfermedades o mantienen enfermedades que son un riesgo en sí mismas para la salud pública”.
Además, criticó que el objetivo del decreto, que supuestamente es evitar resistencias antimicrobianas, puede conseguir justo lo contrario: “Está obligando a los veterinarios, en lugar de dar estrictamente el medicamento necesario para el tratamiento del animal, a hacer unas recetas que llevan al dueño a tener que pagar, en lugar de 4 euros por un medicamento de humana, 100 euros por un medicamento veterinario con el mismo principio activo, y que va a tener 100 comprimidos de los cuales solo va a usar 3. El resto le van a quedar en el cajón de la abuela o los va a vender por Wallapop y van a ser antibióticos fuera de control, que ponen en mayor riesgo la salud pública y tienen muchísimo riesgo de acabar generando resistencias antimicrobianas. Es todo un desastre normativo”.
Fernández también se refirió a otro de los puntos de reivindicación: la bajada del IVA. “Los veterinarios son sanitarios cuya labor principal es la defensa de la salud de la población y esa defensa la hacen mediante diferentes actuaciones, una de ellas es prevenir o curar las enfermedades de los animales que conviven con nosotros, que son las mascotas”, explicó. “Someter a ese trabajo a un 21% de IVA, que es un IVA de lujo, es someter a un 21% la salud pública. Es decir, es favorecer que la gente trate menos o no trate a sus mascotas, con lo cual se está poniendo en riesgo la salud de toda la población”. “Con un IVA reducido, que es otra de las cosas que se viene desde hace tiempo pidiendo, se desparasita más, se vacuna más, se trata más y mejor, y todos vivimos con una seguridad en cuanto a salud pública mejor”, aseguró.
Por último, el presidente de SIVEPA señaló el problema de fondo que, a su juicio, afecta al colectivo desde hace años: el cambio de competencias desde Sanidad a Agricultura. “Desde hace un tiempo se han ido trasvasando competencias desde el ministerio de Sanidad al ministerio de Agricultura. No entendemos por qué somos sanitarios para lo malo, pero no para lo bueno”. “Las mascotas, que eran una competencia del ministerio de Sanidad, han pasado al Ministerio de Agricultura, que es un ministerio productivista y economicista, que se entiende con los animales productores de alimentos, pero no con las mascotas”, argumentó. “Se trata a los veterinarios como si fueran simples técnicos que tienen que seguir un prospecto, en lugar de como facultativos sanitarios que saben individualizar a cada uno de sus pacientes y aplicarles el mejor tratamiento posible, con el mejor criterio posible para defender la salud pública de las personas”. “El principal sanitario interesado en que no se generen resistencias antimicrobianas es el propio veterinario”, concluyó.
La movilización de Oviedo se enmarcó en una protesta más amplia a nivel nacional del colectivo veterinario, que reclama una regulación más justa, basada en la evidencia científica y respetuosa con la labor sanitaria de los profesionales del sector.
