Tanto la Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios como el Sindicato Veterinario Profesional denuncian años de «agravios y discriminaciones» de su especialidad en el marco de las profesiones sanitarias, y piden medidas para revertirlo
La Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado (AEMVET) y el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) han convocado una manifestación este domingo en Gijón para mostrar su «frustración y descontento» por la situación del sector. La movilización comenzará a las 12 horas en la playa de San Lorenzo, a la altura de la escalera 15, e irá hasta el Ayuntamiento.
En un comunicado conjunto de la patronal y el sindicato, han puesto de manifiesto los «agravios y discriminaciones» que la veterinaria ha ido acumulando como profesión sanitaria durante las últimas décadas, y que «se han acelerado y exacerbado de forma insostenible este último medio año». Y es que, en las últimas décadas, han explicado, las competencias sanitarias de los veterinarios se han ido «fagocitando» por parte de los organismos agrícolas en detrimento de las administraciones sanitarias, ya que el Ministerio y las consejerías de Agricultura «no tienen como objetivo prioritario la defensa y protección de la salud pública que sí tiene la profesión veterinaria, lo que genera malfunciones y distorsiones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo».
A ello se añade el «ninguneo» del Ministerio de Agricultura hacia la profesión, «obviando su carácter facultativo sanitario y científico» e intentando convertirlos en «técnicos de segunda que tienen que seguir al pie de la letra las instrucciones de un prospecto sin importar si con ello ponen en peligro a su paciente o a la propia salud pública comunitaria». La gota que ha colmado el vaso es, para los veterinarios, el Real Decreto 666/2023 y el sistema PRESVET, que «han impuesto a estos facultativos una normativa injusta, desproporcionada, burocrática, fiscalizadora y ajena a la realidad». «Esta normativa amenaza con castigar a los profesionales que no se plieguen a seguir sus instrucciones al pie de la letra con sanciones desorbitadas que pueden llegar hasta 1,2 millones de euros por simples errores administrativos», ahondan.
A su juicio, con esta reglamentación «se pone en grave peligro la salud pública comunitaria ya que impide un tratamiento médico veterinario individualizado y basado en el criterio facultativo científico de las mascotas, y con ello se favorece la aparición y diseminación de enfermedades zoonósicas entre los animales y las personas y la aparición de resistencias». Este Real Decreto «se suma a otros muchos agravios sufridos durante años» entre los que el colectivo destaca el hecho de que el veterinario no pueda vender los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus pacientes o un IVA del 21% que grava actividad sanitaria de prevención y protección de la salud pública comunitaria.
