El Ayuntamiento concede que su actividad no es compatible con los usos contemplados para el polígono industrial de la zona; los vecinos lo celebran, pero en Tremañes lamentan que no se limite su construcción cerca de viviendas hasta que el Principado regule la cuestión
Triunfo «puntual», limitado y, por extensión, «agridulce» en la lucha que las parroquias gijonesas de Tremañes y Lloreda sostienen contra la proliferación de nuevos parques de baterías dentro de sus fronteras. Tal como el Ayuntamiento -con presencia de todos los partidos presentes en el Pleno, salvo Vox- confirmó este lunes a los representantes de las Asociaciones Vecinales de ambas zonas, así como a miembros de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), finalmente no se concederá la licencia necesaria para instalar uno de tales equipamientos en el polígono de Lloreda, al haberse determinado que su actividad es incompatible con los usos recogidos para un área industrial de sus características. Se trata de una victoria, desde luego, aunque de impacto reducido si se compara con las demandas de unos habitantes que, en la práctica, reclaman medidas de mayor calado y extensión general; por ejemplo, la tantas veces demandada moratoria que impida de colocación de parques de baterías en las proximidades de viviendas, al menos, durante un año. Un margen temporal que, consideran los afectados, podría bastar hasta que el Principado, al fin, regule la polémica cuestión.
Según explicó el edil Jesús Martínez Salvador a los portavoces vecinales reunidos en la sede de la FAV, el plan especial para el polígono de Lloreda concluye que, dentro de la instalación del polígono, se pueden ejecutar usos y actividades industriales autorizables y compatibles, pero solo cuando no estén calificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, ni tampoco cuando admitan la adopción de medidas correctoras sencillas y seguras. Tales matices abren la puerta a una interpretación negativa del informe de impacto ambiental emitido por el Principado; precisamente la misma que posibilita la denegación de la licencia para el nuevo parque con el debido amparo legal, y sin necesidad de hacer modificaciones profundas en el plan. ¿Es una decisión efectiva? Según parece, sí lo es para el caso concreto de Lloreda. ¿Se puede replicar en otros lugares, como Tremañes? De momento, no. No a la ligera, al menos. Al fin y al cabo, las características de otras zonas industriales -ubicación, proximidad de áreas habitadas, posibles efectos nocivos sobre habitantes cercanos…- no son similares, razón por la cual sería necesaria una valoración detalla de los planes especiales que rigen la actividad de los polígonos del concejo. Ese fue el matiz que, a modo de contrapeso y tirando de lógica prudencia, planteó Martínez Salvador.
El Puerto, actor activo en el problema de los parques
Así las cosas, es fácil entender que la noticia de la denegación de la licencia era acogida con ánimos distintos en Lloreda, en Tremañes y en la misma FAV. «Para nosotros es muy positivo, claro; son sirve para salir del paso, y estamos muy agradecidos al Ayuntamiento por ello», reconocía ayer José Luis ‘Aguirre’ Fernández, presidente de la Asociación Vecinal ‘La Bareza’ de Lloreda. Eso sí, incluso pese a este éxito puntual es consciente de que «el Gobierno autonómico tiene que sacar una normativa clara donde se respete una distancia con respecto a las zonas habitadas». Una demanda que es la que esgrime con fuerza José Manuel Álvarez, al frente de la Asociación Vecinal ‘Evaristo Valle’ de Tremañes. «Lo que nos gustaría es que no nos los pusiesen al lado de ninguna vivienda», reflexiona, convencido de que el compromiso del Consistorio supone «una victoria agridulce». Por eso, de su boca no tarda en salir la famosa y largamente repetida palabra: «moratoria». El recurso que, a su entender, «hace falta para dar tiempo al Principado para que haga su parte; ahora bien, en el Ayuntamiento nos dicen que es un encaje de bolillos jurídico complicado, así que a ver cómo avanza la cosa».
La apuesta por la moratoria también se ha convertido en el caballo de batalla de la FAV ante el problema de los parques de baterías. A su parecer, el citado recurso es clave para «establezca nuevos criterios en el Plan General de Ordenación (PGO), a fin de lograr la máxima seguridad posible a los vecinos colindantes de polígonos industriales». De ahí que la Federación inste al Ejecutivo local a acelerar los procesos y, sobre todo, a que «se posiciones contra el modelo industrial que está generando el Puerto de Gijón, ajeno a la actividad portuaria, que es su tarea, y a cualquier protección de los vecinos y vecinas». Puede parecer una cuña, la de El Musel, metida a calzador en el debate, pero para la FAV tiene todo el sentido. Y es que, proseguían ayer sus dirigentes, «hemos sabido que (el Puerto) pretende establecer seis parques de baterías, y la propia presidenta de la Autoridad Portuaria (Nieves Roqueñí) nos confirmó que no tienen equipos de emergencia propios, ni siquiera bomberos, para atajar posibles incidencias; ni siquiera conocemos si hay un plan de emergencia de ciudad». De ahí que la FAV reitere su demanda de «una revisión del modelo».
