El Gobierno de Asturias y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) han alcanzado este jueves un acuerdo para mantener la vigencia de los actuales contratos de alquiler en el bloque de viviendas
No se cumplirán los peores presagios. No habrá desahucios en el edificio de Río Piloña. El Gobierno de Asturias y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) han alcanzado este jueves un acuerdo para mantener la vigencia de los actuales contratos de alquiler en el bloque de viviendas, una decisión que beneficia a las 15 familias que residen en el inmueble, quienes enfrentaban un futuro incierto tras la declaración de nulidad de sus contratos por parte de un juzgado. De esta forma se garantiza que las familias en situación de vulnerabilidad puedan acceder al Programa de Alquiler Social de la sociedad, lo que les permitirá permanecer en sus hogares bajo un contrato con una renta limitada al 30% de sus ingresos familiares y un período de siete años y contar además con el apoyo de gestores especializados y, en caso necesario, podrán sumarse a un programa de inserción laboral. Para el resto de los inquilinos que no sean considerados vulnerables, se mantendrán los actuales contratos de arrendamiento, con la posibilidad de prórroga de un año para aquellos que venzan en 2025.
La situación de este bloque de viviendas del barrio de Contrueces ha sido motivo de gran preocupación para los inquilinos y para el movimiento vecinal. Desde diciembre, cuando el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Gijón declaró la nulidad de los contratos, las familias han llevado a cabo movilizaciones y han contado con el respaldo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), que ha exigido una solución justa y ha criticado la actuación de la SAREB. El descontento se ha visto agravado por la falta de transparencia en la gestión de la Sareb y por la incertidumbre generada por su obligación de liquidar activos antes de 2027.
Garantía de estabilidad para las familias
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, destacó ayer la importancia del acuerdo alcanzado y reafirmó el compromiso del Principado con la defensa del derecho a la vivienda: “Nos hemos involucrado totalmente para encontrar una solución justa y ofrecer seguridad y certidumbre a estas familias”. Por su parte, la Sareb ha reiterado su disposición a facilitar alquileres sociales a aquellas familias que cumplan con los criterios de vulnerabilidad, un modelo que ya ha implementado en más de 9.000 viviendas en toda España.
Este acuerdo se enmarca en un contexto más amplio de esfuerzos por parte de las administraciones públicas para convertir parte del parque inmobiliario de la SAREB en vivienda asequible. Desde su creación en 2012, la SAREB ha gestionado activos procedentes de la crisis financiera, y en los últimos años ha impulsado programas de alquiler social en colaboración con distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno ha manifestado en varias ocasiones su intención de ampliar el número de viviendas destinadas al alquiler asequible, con especial atención a colectivos vulnerables. En este sentido, la SAREB ha señalado que continuará explorando acuerdos similares en otras regiones del país para contribuir a la solución del problema habitacional.
