«En Gijón la mejor inversión para obtener beneficios es jugar con la vivienda»
No sé cuántas veces más escribiremos, los que tenemos la suerte de poder publicar nuestros pensamientos, sobre el problema de la vivienda en España, en Asturias y en Gijón, pero me da en la nariz que este problema, el mayor que tiene el país actualmente, tiene visos de estar lejos de solucionarse, por lo que artículos como este seguirán viendo la luz. Como muestra del problema sirva lo que han publicado los medios de comunicación estos últimos días. Por un lado, la paralización del conocido ‘Plan Llave’ presentado por el Ayuntamiento de Gijón para construir 500 viviendas públicas en los próximos años. La paralización se debe a que la licitación para construir vivienda pública ha quedado desierta, lo que debería hacer pensar al Ayuntamiento que igual no está haciendo las cosas muy allá en ese sentido, y que lo de echar las culpas siempre a otros -en este caso, culpan al Principado de Asturias, como en lo de quedar sin fondos europeos para lo de Tabacalera-, más que exculparles, lo que hace es retratar su incompetencia. Lo de excusarse en los demás para no hacer tu trabajo es un poco ya viejuno, hasta para la política.
Sigamos. Por otro lado, se anuncia que el precio fijado por el Gobierno del Principado para el módulo de vivienda protegida está estancado en 2.124 euros por metro cuadrado (m2) desde 2023. Esto hay que explicarlo con detenimiento porque es una de esas cosas de las que no se habla, pero que incide directamente en esta nueva burbuja inmobiliaria. Lo de que el precio está estancado se está utilizando como excusa, o justificación, de que no se construya vivienda, pero expliquémoslo…
El precio del módulo por metro cuadrado (los 2.124 euros) es el límite al que se puede vender la vivienda protegida en Asturias. Explicándolo con un ejemplo, una vivienda de 70 m2, con trastero y garaje, se podría vender a un precio máximo de unos 150.000 euros, un precio que entra dentro de lo asequible, razonable y de sentido común.
Es un precio que nada tiene que ver con el que exige imponer el lobby de constructores y promotores que, amparados en el desaforado incremento del precio de la vivienda del que son responsables en primera persona, «exigen», además, incrementarlo hasta en un 40%, lo que nos llevaría a superar generosamente los 200.000 € para un piso de iguales características.
Ojo, no hablamos de pisos libres, sino de pisos protegidos cuyo precio de venta, según los empresarios del sector, debería superar ampliamente los 200.000 euros. Una locura. Más que eso, una desvergüenza absoluta y una señal evidente de la falta de medidas regulatorias de primer nivel en nuestro país, en donde hemos llevado la complacencia con el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria al punto de convertir un bien de primera necesidad -la vivienda- en la inversión más rentable que pueda llevar a cabo un inversor. Más que crear empresas, ofrecer bienes y servicios, el arte, el oro, las criptomonedas y todo lo que se os pueda ocurrir, en España, en Asturias y, desde hace ya unos cuantos años, en Gijón la mejor inversión para obtener beneficios es jugar con la vivienda.
Y, claro, a este juego, además del propio sector, también puede jugar de vez en cuando alguno de nosotros, beneficiándose al poner los precios de venta de algún piso heredado en cifras desorbitadas: 160.000 euros por pisos sin ascensor, 180.000 por pisos de 60 m2 en edificios de más de sesenta años… Alquileres inexistentes. Y todo eso sin mencionar las nuevas ‘promociones’, donde los 250.000 euros son el precio para comenzar a hablar; 300.000 euros, lo estándar, y los 400.000 euros, algo habitual. Un despiporre. Un insulto. Si conocéis a alguien en fase de encontrar vivienda en Gijón os habrán contado que una pregunta habitual de las agencias inmobiliarias es «si vas a necesitar hipoteca»… Pero… ¿Cómo no vas a necesitar hipoteca para intentar adquirir viviendas de 200.000 euros? ¿Qué tipo de clientes están accediendo a las viviendas en Gijón? ¿Cómo es posible que el Gobierno municipal, el Gobierno regional y el Gobierno nacional no estén interfiriendo de manera clara y contundente en el precio de las viviendas? ¿Cómo es posible que tener viviendas cerradas por centenares no suponga una carga para los multipropietarios? ¿Cómo es posible que no haya ni empresa, ni organismos públicos dedicados exclusivamente a construir vivienda pública -viviendas en disposición de venta directa- para los ciudadanos que estén empadronados en el municipio donde estarán esas viviendas? ¿Cómo es posible que, con los salarios medios en esta región situados en 27.000 euros (y esto sé que tiene muchos más matices), el precio de una vivienda nueva se sitúe en los 2.500/2.700 euros el metro cuadrado, y de ahí hacia arriba?
La única vía que está permitiendo que todo esto no acabe con un estallido social de proporciones bíblicas es, como siempre, el colchón familiar -para quienes dispongan de él- que supone ese piso de la abuela que está alquilado, esa cochera que se pudo vender para dar la entrada. Porque, ojo, previo al acceso a la vivienda ya hay que tener ahorrado un dinero -calculan unos 70.000 euros- para el contrato de arras, los gastos de notaría, gestiones varias y para, si acaso, al piso hubiera que hacerle alguna reforma. Apaga y vámonos.
Y ya, por último, en contraposición a todo esto, tenemos lo hortera. El ‘lujo’ ejecutivo. La necesidad aspiracional de unos pocos de pensar que la ciudad de Gijón, en vez de ser obrera, comercial y burguesa, se convertirá en un gigantesco resort de lujo de medio pelo. Una mentira de patas muy cortas que nos dejará la ciudad destrozada, el patrimonio esquilmado para que cuando los nuevos ricos se cansen de todo ello, se vuelvan hacia lugares más chic y nos quedemos sin patrimonio y sin ciudad. Porque de eso van todas estas reformas de medio pelo de edificios históricos cuyos precios de venta se sitúan en 6000 o 7000 euros el m2, y que solo conducen -combinado con la obsesión por traer turistas a comer y beber a la ciudad- a convertir Gijón en un decorado de cartón piedra y plástico de lujo, donde los residentes, vecinos y trabajadores solo importan a la hora de ir a votar.
Pues eso.
