Los votos favorables de Gobierno y Vox permiten al Pleno rechazar públicamente la actuación de la presidenta del Puerto en lo concerniente a la franja litoral para ‘Naval Azul’; el debate previo fue un agrio cruce de acusaciones entre Foro y el PSOE

Gijón no quiere a Nieves Roqueñí. Así de claro. Y quizá esa afirmación suene frívola, ligera, incluso poco profesional, pero desde este miércoles cuenta con un carácter oficial para nada carente de polémica. En los compases finales del Pleno ordinario de julio, y pese a la abstención u oposición del bloque de izquierdas, la conjunción de votos del Gobierno local y de Vox dieron paso, primero, y luz verde, después, a la moción de urgencia para reprobar públicamente a la presidenta de la Autoridad Portuaria, consecuencia directa de su gestión de la crisis en torno a la franja litoral de los terrenos de la extinta empresa Naval Gijón. A estas alturas, pocos en la ciudad ignoran que, a juicio del Ejecutivo, la negativa de la aludida a cumplir la pactada cesión gratuita al Ayuntamiento de dicha franja, clave para el desarrollo del proyecto ‘Naval Azul’, no fue sino una maniobra política, al igual que el mismo nombramiento de la exconsejera socialistas Roqueñí para liderar El Musel, concebida por el Principado para desgastar al Consistorio… Y precisamente esa percepción propició ayer un agrio debate entre el Grupo Municipal del PSOE, principal crítico de la moción, y el socio mayoritario del Gobierno, Foro… O, si se añade precisión, la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien llegó a estallar contra la fuerza en la oposición, a la que puso voz Marina Pineda.
De entrada, ya la votación de la urgencia desató los primeros enfrentamientos. Ni los socialistas, ni Izquierda Unida (IU), ni tampoco Podemos entendieron como necesario introducir como elemento extraordinario el debate de la reprobación, alegando que perfectamente podría haberse pospuesto al siguiente Pleno, que se celebrará, presumiblemente, a finales de julio, o el primer día de agosto. Los votos positivos de Foro, PP, Vox y el concejal no adscrito, Oliver Suárez, desmantelaron tal argumentario, dando pie al debate propiamente dicho. En ese punto, fue el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, el encargado de detallar el contenido de la moción; tras compartir una cronología de las distintas fases del problema relativo a la franja, el edil forista no tuvo reparos en describir el Puerto como «baluarte de oposición a la labor del equipo de Gobierno del Ayuntamiento«, y el papel de Roqueñí, como un intento de «estafa de proporciones colosales«, toda vez que la aludida actuó «a sabiendas de que todo lo que proponía era ilegal«. Oliver Suárez optó por guardar silencio, pero no así la vicealcaldesa y máxima representante del PP en el Pleno, Ángela Pumariega, ni la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco; en sus respectivos turnos, las dos dirigentes destacaron la necesidad de la reprobación como toque de atención a Roqueñí, si bien la de Vox la tachó de «demanda insuficiente», y planteó que «lo que procedería es que dimitiese».
Con semejantes razones sobre el tapete, a nadie pilló por sorpresa que la reacción de la izquierda fuese virulenta… Y no sólo por parte del PSOE. En Podemos Olaya Suárez, pese a su beligerante actitud previa con la postura del Puerto, denunció el «carácter partidista» de la moción, afeando que en la misma sólo figura la firma de Foro, no la del conjunto del Gobierno, y sospechando del hecho de que no se presentase «hasta que el traspaso de la franja estuvo asegurado». Por todo ellos, zanjó Suárez, aunque «la acción de Roqueñí ha sido engañosa y contraria a los intereses de la ciudad, no vamos a entrar en este juego». En parecidos términos se expresó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana; seguro de que la reprobación era un ejemplo claro de «no saber ganar«, hizo un llamamiento general a «tener la vista larga, frenar la escalada y el choque institucional, y avanzar» para que, de la mano del Puerto, la ciudad pueda afrontar con solvencia «todos los retos que tenemos por delante»… Algo sólo viable, terminó, después de que la parte municipal «baje las revoluciones» y se avenga a relegar la pasada polémica al cajón del olvido.

Sin duda, llegados a este punto puede llamar la atención el contraste entre el talante calmado de IU y la beligerancia de Podemos… Pero esta última no fue nada en comparación con la ofensiva verbal desplegada desde la bancada del PSOE por Marina Pineda. Molesta, aunque no alterada, la concejala regresó a los dos primeros mandatos de Foro para censurar que, «durante casi diez años, han gobernado gracias a un Puerto que vivía de espaldas a nosotros: carbón, nubes negras, incumplimiento de sus obligaciones con el Plan de Calidad del Aire…«. Para Pineda, el nombramiento de Roqueñí como sustituta de Laureano Lourido vino a cambiar todo eso… Pero los ataques del Consistorio han erosionado esa labor. Peor aún, porque, en su opinión, con su empecinamiento en lograr la propiedad total de la franja, «la ciudad ha perdido doce millones de euros: los cinco pagados por la adecuación de un terreno que podría haber desarrollado el Puerto, y los siete en inversiones en el ámbito; todo, por 400 metros que ya tenían garantizado el uso ciudadano«. En fin, Pineda zanjó su intervención considerando la moción como la guida a una estrategia «rastrera«, basada en la conformidad con «malgastar recursos públicos y que se rompan relacione con el Puerto«… Y, entonces, Moriyón estalló.
La regidora gijonesa, enfadada por la referencia previa a sus dos primeras legislaturas en el cargo, salió al paso de las críticas de la socialista… Para reforzar la teoría de Foro del afán político tras las decisiones de Roqueñí. «¿Quién nombra al presidente de la Autoridad Portuaria? ¿Y por qué desde 2019 han tardado en entender que lo que hacía el señor Lourido no era bueno para Gijón? ¿Por qué Barbón no lo destituyó antes?«, disparó Moriyón, viendo en esa demora de seis años la prueba fehaciente de que en la elección de la actual presidenta de El Musel hubo una voluntad política por parte de las Administraciones autonómica y nacional. Así mismo, descartó las acusaciones de falta de voluntad de diálogo, matizando que, en los encuentros con el Consejo de Administración del Puerto, «lo que dije fue que esta alcaldesa no iba a firmar ningún convenio en contra de lo que dijeran los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento«. Ahí, consciente del alcance que la polémica podría llegar a tener, y de que el Pleno ya rozaba las cinco horas, pisó el freno. «Voy a dejar que termine… Si no, no acabo hoy«, finalizó, antes de dar paso al cierre, en manos de Martínez Salvador, que sirvió para apuntalar el mensaje de que Roqueñí, como el PSOE, «dieron la imagen de incapacidad del Consistorio de afrontar una operación que era compleja, sí, pero en base a mentiras«. La votación final no entrañó sorpresas y, repitiéndose la distribución de votos que se vio al decidir sobre la urgencia, la reprobación a la presidenta del Puerto salió victoriosa.
Recordatorio de que Carmen Moriyón está condenada por apropiación indebida 🙃