Los vecinos del bloque de Contrueces en lucha recibieron esta semana un burofax de la SAREB «que nos declara no vulnerables, lo que es mentira refutable y constatable»; exigen una reunión a tres bandas con el consejero Ovidio Zapico y el conocido como ‘banco malo’
Cuando parecía que había luz al final del túnel, los vecinos de 14 viviendas del bloque del número 3 de la calle Río Piloña, en el barrio de Contrueces, han recibido un nuevo revés esta semana que convierten «la situación en caótica, de vuelta a la casilla de salida», anunciaban. Quedan así en papel mojado los compromisos que salieron de la reunión del 27 de febrero entre el Gobierno y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), propietaria del bloque después de una ejecución hipotecaria, en la que tomaron parte, por un lado, la vicepresidenta Gimena Llamedo; el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; y el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez Fernández, y, por el otro, el presidente de SAREB, Javier Torres, y el director de Vivienda Social y Asequible, Pau Pérez de Acha, que suponían un soplo de aire fresco para los afectados.
Entre ellos estaba «el hacer contratos a los vecinos que estuvieran en situación de vulnerabilidad. Para esto se basaron básicamente en una serie de criterios: que los ingresos no superaran 4,5 veces el IPREM, que son 2.700 euros mensuales, una discapacidad del 33% o superior, mayores de 60 años y diversos informes clínicos. Para acreditar esto, como no podría ser de otra forma, se envió documentación relativa, como pueden ser, por ejemplo, las últimas nóminas, modelos 130 en caso de autónomos, declaraciones juradas de ingresos, de manutención por hijos, informes clínicos y demás», resumía el portavoz de los vecinos, Pepo González, en una convocatoria con la prensa celebrada a la puerta del edificio. «Todo esto se envió a la SAREB y a VIPASA en tiempo real, con copia», asegura el representante, que confirma que «mediante un burofax, esta semana la SAREB nos declara no vulnerables, cosa que es mentira refutable y constatable. Nos declara personas no colaborativas en el proceso, que no aportaron su consentimiento y nos declara también como personas a las que hay que aplicar el proceso judicial para recuperar el inmueble. Otra vez volvemos a la casilla de salida y volvemos a abrir la vía de los desahucios y de los lanzamientos para recuperar el bloque de vecinos».
«Ahora no tiene sentido que afirmen que no somos vulnerables si todos los vecinos cumplen un requisito de vulnerabilidad. Y la consejería tiene la documentación a mano. Así que, ¿por qué razón permite a la SAREB afirmar que hay siete personas no vulnerables? Que en realidad hay más», prosigue González, que denuncia que las actuaciones del ‘banco malo’ «son arbitrarias completamente, desahucia de manera arbitraria buscando dividir el bloque. Podemos afirmar que somos vulnerables principalmente porque así lo constatan los criterios a los que se llegó en la reunión de febrero».
Con el nuevo escenario, «el riesgo de desahucio es real, es palpable y es tangible, porque está acordado con un beneplácito tácito de la consejería. Es decir, la consejería compra el relato argumental de la SAREB y no permite a los vecinos exponer sus dudas, porque estas dudas son acalladas mediante la no contestación. Desde el 15 de marzo no recibimos una contestación de la consejería. Tenemos que informarnos de la actualización de nuestro caso mediante preguntas parlamentarias formuladas por grupos parlamentarios». «Y no permitimos a la consejería que diga ahora que les pilla por sorpresa o que les pilla como una novedad, porque ellos mismos afirmaron en sede parlamentaria numerosas veces que tenían una comunicación fluida con la SAREB. ¿Qué comunicación fluida es si le compras el relato y no lo contrastas con los vecinos?», se pregunta.
Otro punto que indigna a los afectados es que «hay otra amenaza sobre un cobro en fraude ley de 20.000 euros a los vecinos. A aquellos vecinos no vulnerables a los que se les ofrece un contrato-puente de un año, se les exige también el cobro de 20.000 euros en concepto de rentas atrasadas de 2021, fecha en la que la SAREB se hace cargo del edificio. Esto es insostenible e inasumible por varias razones. Primero, porque estas rentas ya fueron pagadas tanto a la constructora antigua propietaria, tanto Hacienda como al Juzgado, hasta 2023, fecha en la que la SAREB cierra las cuentas; y porque no existe relación contractual de los vecinos con la SAREB, sólo con la anterior propietaria del edificio. Segundo, porque la misma sentencia motivada por la SAREB, que sale en enero de este año, se nos declara como ocupantes sin título legítimo que justifique la posesión sobre el inmueble. Y tercero, porque en esa misma sentencia, en los razonamientos jurídicos, nos avalan dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se les exime a inquilinos abonar deudas de un contrato subsistente mediante enajenación forzosa de la anterior propietaria. Cosa que pasó aquí, con una ejecución hipotecaria procedida por la SAREB a la antigua constructora, por la cual se declararon automáticamente extintos nuestros contratos».
«Con estas cosas en la mesa, ¿a razón de qué vas a exigir cobros de 20.000 euros? Estamos ante uno de los mayores pelotazos y especulaciones que se han podido ver a un bloque de vecinos y por ello que la consejería no esté al conocimiento de esto no nos entra en la cabeza», prosigue argumentando González.
Los casos concretos y las exigencias
De las 14 viviendas afectadas, 5 son «las que la consejería, a través de la SAREB», dice que son vulnerables, con el agravante de que «estas 5 personas vulnerables no tienen constancia de quiénes son», lo que considera «una táctica para dividir el bloque. No les llegó ningún burofax a estas 5. Entonces, ¿a estas 5 qué se les puede esperar? ¿Les harán un contrato como marca la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley 12/2023, por la que se rige la SAREB, de hacer alquileres sociales? No se sabe». Éstos deberían tener una renta, explica, «que no exceda el 30% de los ingresos, por ser un alquiler social», con un contrato por un periodo de 7 años.
Luego están vecinos con «contratos-puente que vienen aparejados con una deuda de 20.000 euros, inasumible y de la que ya se hicieron frente las deudas» y otros que recibieron «meramente un burofax en el que se les informa de que no son vulnerables y de que no han colaborado. De que se les abre la vía judicial para el presente requerimiento. Son una porción muy pequeña aquellos a los que se les ofrece el contrato de un año. Y no cabe en la cabeza esta contradicción de no vulnerable sin contrato y no vulnerable con contrato de un año».
Dado este punto, el bloque en lucha de Contrueces exige «dos cosas claras y las más realizables». Se trata, primero, de «una reunión con Ovidio Zapico, máximo representante de la Consejería de Vivienda, y el primero que afirmó en sentencia parlamentaria no descansar hasta conseguir a los vecinos una solución a este conflicto, y más aún, sabiendo que esta situación de emergencia habitacional es tanto general como particular». Y después, «una reunión a tres bandas: Consejería de Vivienda, SAREB y vecinos. Ya hubo una reunión entre la Consejería de Vivienda y la SAREB, pero fue a puerta cerrada, así que no nos vale. Queremos que todo se haga con luz y taquígrafos para saber qué se habla y qué se pacta, y en qué situación nos encontramos nosotros; que nuestra situación se valore, porque la consejería ha comprado el macro argumental de la SAREB sin poner en consideración nuestra situación».
Anuncian también la intención de «sacar el conflicto a la calle» y llevarlo a la Junta General «de la mano de la invitación de partidos políticos y de grupos parlamentarios». Entre los otros apoyos con los que cuentan los afectados de Río Piloña número 3 están los de la Asamblea Moza d’Asturies (AMA), el movimiento 8M, la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI), el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias o el Sindicatu Vivienda d’Asturies, además del movimiento vecinal.
