Lo de las VUT, que en sí mismo es un problema grave, no debe enmascarar lo que realmente pasa con la vivienda en España
Ya enseña la patita el verano astur y con ello suceden tres cosas: comienza a haber días en los que no llueve – e incluso sale el sol – la mayor parte de la clase política se toma unas largas vacaciones y las calles se llenan de turistas. De lo primero no me compete hablar, de lo segundo no hay nada que señalar puesto que no hay noticia y lo tercero vamos a dejarlo descansar esta semana, porque hoy vamos a hablar de vivienda.
Hace unos días vió la luz la aplicación del Ayuntamiento de Gijón a través de la cual se puede echar un vistazo a los edificios de nuestra ciudad en los que podemos encontrar las ya “famosas” viviendas de uso turístico (en adelante VUT). “Famosas” porque su proliferación en Asturias, básicamente en Oviedo y Gijón, aunque también a lo largo de la costa oriental, ha sido exponencial en los últimos tres años.
Hasta que exista un MiOviedo el asunto de las VUT carbayonas se lo vamos a dejar a otros, y nosotros nos vamos a centrar en las de Gijón. Su número, 2400, no parece un número muy preocupante, si lo pusiéramos en consonancia con el número total de viviendas de la ciudad, pero sí lo son algunos de sus efectos. El más habitual, analizado y estudiado en otros lugares mucho más turísticos como Palma o Barcelona, es que contribuye a la masificación de la ciudad en la que proliferan y al encarecimiento de alquileres de residencias habituales. Muchas de las VUT, que podrían ser viviendas de alquiler habitual, no llegan nunca a serlo por la supuesta ventaja que supone, en cuanto a ingresos, este modelo de alojamiento frente al alquiler “clásico”.
Lo de las VUT, que en sí mismo es un problema grave, no debe enmascarar lo que realmente pasa con la vivienda en España. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos no pueden pretender que el grave problema que hay en nuestro país, con unos alquileres con precios cada día más insostenibles, se solucione a través de exigir a los propietarios privados que pongan sus viviendas a disposición del alquiler tradicional. España lleva prácticamente 30 años si ningún tipo de política de vivienda pública y no es hasta hace relativamente poco cuando el actual gobierno decide asumir, con timidez, que el parque público de viviendas es insuficiente. Y es que, los números duelen. Con un parque público que apenas supera el 2,5 % de las viviendas del mercado, cualquier país europeo, poco sospechosos de ser estados comunista-socialistas como Reunido Unido, Alemania o Francia, multiplican hasta por 10 ese porcentaje en su parque de viviendas.
Y la base de ese problema forma parte de la cimentación del estado español de los últimos 50 años, en el que mover tierra, construir cosas y hacer viviendas formó y forma parte de los principales centros de poder de nuestro país. Seguro que a todos nos vienen a la cabeza, además de bancos y energéticas, tres o cuatro nombres de grandes empresas de España. Y no serán de fabricar coches u ordenadores, sino de hacer obras, cuanto más grandes mejor. Y ahí, de momento, los gobiernos no quieren meterse y abordar que lo de hacer casas es un negocio, sí, pero no debería generar la principal estratificación que sufrimos en este país, que no es la de los estudios – ni siquiera la de los salarios – sino del dónde y del cómo vivimos. Y esa brecha cada vez va a más, no a menos. Hoy en día llegar a los treinta y compartir un piso donde pagas 300 euros por una habitación es una realidad demasiado presente y frecuente.
Por ese motivo, hasta que el gobierno de España, el del Principado de Asturias y el propio Ayuntamiento de Gijón no se les meta en la cabeza que no pasa nada porque construyan 10.000 viviendas públicas en Asturias (aplíquese en cada región) para que puedan ser adquiridas por gente empadronada en Asturias (ídem) como su primera residencia, independientemente de la edad, nada se va arreglar. Si alguien con un piso que no ha reformado desde 1973, interior, con dos habitaciones y un baño, cree que puede pedir 650 euros por él y además se atreve a pedir más requisititos para su alquiler que para que te den la clave pin de la Agencia Tributaria, y se sale con la suya, nos encontramos ante una realidad que es necesario que desaparezca. De igual manera que esa persona con el mismo piso de 1973, pero que lo ha reformado adecuadamente, considere que implantar una vivienda de uso turístico y sacar esos 650 euros por una semana de verano, le trae más cuenta que un alquiler fijo anual, pues significa que algo debe cambiar.
Y de todo esto las VUT son solo la punta del iceberg, ojo que eso no quiere decir que en lugares como Gijón no deban dejar de proliferar. Y es posible que dejen de hacerlo si alguien de los que quieren legislar todo esto decide acabar prohibiéndolas porque, al fin y al cabo, a nivel político es posible que genere más apoyo esto último que ensalzarlas; aunque nunca se sabe, visto el nivel político de algunos de nuestros representantes públicos, que parecen que más que querer lo mejor para la ciudad, solo quieren exprimirla hasta que no dé más de sí.
