La UTE EcoTelecable, adjudicataria del contrato de instalación de 49 cámaras repartidas en toda la zona rural de Gijón, tiene hasta finales de abril para su colocación y puesta en marcha después de que este viernes se firmase el contrato; «es un instrumento más para acabar con los robos», destacó la alcaldesa Carmen Moriyón
La tan demandada red de cámaras para disuadir a ladrones de efectuar robos en la zona rural de Gijón por fin va a ser una realidad. Después de los continuos retrasos en su concreción, el Ayuntamiento ha firmado hoy el contrato con EcoTelecable, unión de empresas temporal (UTE) entre Ecomputer, SL, y Telecable, SAU, que tendrá desde este momento un plazo máximo de 3 meses para la instalación de un total de 49 dispositivos «que esperamos que no cumplan», expresó la forista Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con la esperanza de que los tiempos se acorten.
«Yo personalmente me comprometí con los vecinos de la zona rural en que apoyaríamos esta medida y, si llegábamos al gobierno, que la ejecutaríamos en el menor tiempo posible. Sé que este tiempo ha sido demasiado largo para los vecinos y vecinas de la zona rural y vayan por delante nuestras disculpas, pero la realidad es que nos encontramos con que no había expediente y tuvimos que iniciar toda la tramitación, que el caso de un contrato de estas características es bastante compleja», expresó la alcaldesa Carmen Moriyón. «Ha sido un contrato muy costoso, no en dinero, pero sí en tiempo y esfuerzo. Cuando llegamos al gobierno prácticamente no había nada, sólo un informe técnico de un ingeniero, en base a un informe de la Policía, y una autorización de Delegación del Gobierno para la instalación de unas cámaras, no había nada más. Tuvimos que realizar todo el expediente, muy complejo por protección de datos y porque es la primera vez que se monta un sistema así en Gijón», añadió la edil.
La ubicación de las cámaras se basa, informó, en un informe de la Policía sobre delitos y otras faltas de tráfico y similar. Éstas tienen alta definición e inteligencia artificial, y llevarán incorporado un sistema de lectura de placas de matrículas y otro de detección de movimientos inusuales de vehículos y personas. Se podrán visionar en tiempo real desde el centro de control de la Policía Local y contarán con un disco duro que guarda las imágenes por un mes. Su coste total
«¿Es está la solución definitiva a los robos, a toda la delincuencia que estamos viendo en la zona rural? Ojalá, pero esto es un instrumento más, uno más, para la Policía Local, para que pueda ayudar y colaborar, coordinarse, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como lo fueron los drones y como lo son la presencia, siempre que se pueda, siempre que es posible, de patrullas de Policía Local en la zona rural», valoró la alcaldesa. «Las cámaras tienen dos objetivos: disuasión y ayudar a la investigación, en caso de que se haya cometido el delito», especificó Bravo.
El presupuesto de las cámaras es de 205.000 euros, a lo que hay que sumar 15.000 euros anuales por mantenimiento. El contrato es «por 3 años de mantenimiento, que luego se prolongará, obviamente», apuntó la edil.
