El acusado intentó que la víctima le hiciera una felación, agarrándola por el pelo y empujándola contra la pared
Un acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer en su casa de Gijón ha admitido los hechos y ha aceptado una condena de 2 años de prisión, 13 años de alejamiento y prohibición de comunicación y, entre otras medidas, la obligación de participar en un programa de educación sexual. La vista oral estaba señalada esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, aunque el reconocimiento de los hechos por parte del acusado evitó su desarrollo, con la conformidad del Ministerio Fiscal y la acusación particular, según ha informado la Fiscalía Provincial de Asturias.
El acusado, de 34 años, el día 7 de abril de 2019, sobre las 16.00 horas, estaba con la denunciante en el domicilio de esta, en Gijón, y le propuso mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Entonces, la agarró fuertemente por los brazos, la golpeó con su pene en la cara e intentó que le hiciera una felación, agarrándola por el pelo y empujándola contra la pared. La mujer logró huir de la habitación pero sufrió lesiones para las que requirió únicamente de una primera asistencia médica, sin secuelas.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal, en grado de tentativa. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 2 años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, prohibición de aproximarse a la mujer a cualquier lugar en que se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella a menos de 300 metros, así como comunicarse con ella por cualquier medio, incluyendo redes sociales, durante 13 años.
En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a la víctima con 6.200 euros, más los intereses legales correspondientes, y al Sespa, con 148,64 euros, por los gastos médicos ocasionados. En cuanto a la posible suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, el Ministerio Fiscal condicionó su informe al abono de las responsabilidades civiles a los perjudicados por parte del acusado.
