Los profesionales creen que la medida ayudará, aunque insuficiente sin nuevas promociones
El acuerdo firmado entre el Gobierno del Principado de Asturias y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para cogestionar cerca de 400 viviendas públicas ha sido recibido con atención por los profesionales del sector inmobiliario, que ven en la iniciativa una medida positiva, aunque insuficiente para resolver los problemas estructurales del mercado residencial.
El protocolo, que permitirá poner en alquiler asequible inmuebles propiedad de la entidad estatal Casa 47, representa para los expertos una oportunidad para aumentar la oferta a corto plazo. Sin embargo, advierten de que su impacto dependerá en gran medida de cómo se desarrolle el convenio definitivo y de si se acompaña de políticas que impulsen la creación de nuevas viviendas.
La presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, Katia Domingo, considera que la movilización de vivienda pública es un paso en la buena dirección, pero insiste en que no puede ser la única respuesta. “Activar pisos ya existentes puede ayudar a aliviar la presión en determinadas zonas, pero el problema de fondo sigue siendo la falta de oferta suficiente”, señala.
Desde el sector subrayan que el mercado asturiano arrastra desde hace años un déficit de vivienda disponible, especialmente en el ámbito del alquiler. En este contexto, iniciativas como la anunciada pueden contribuir a mejorar la situación de forma puntual, pero no modificarán por sí solas la tendencia si no se incrementa el volumen total de inmuebles.
Domingo pone el acento en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva global. “Es importante gestionar bien el parque público, pero también generar condiciones para que se construya más. Sin suelo finalista, sin agilidad en los trámites y sin incentivos claros, será difícil que la oferta crezca al ritmo que necesita la demanda”, afirma.
Otro de los aspectos que preocupa a los profesionales es la definición de las condiciones del futuro convenio. El protocolo firmado abre la puerta a fijar límites de renta, criterios de acceso y precios máximos de alquiler, cuestiones que el sector considera clave para garantizar la viabilidad del modelo.
“Es fundamental que haya seguridad jurídica y reglas claras. El mercado necesita estabilidad para que tanto operadores públicos como privados puedan planificar a medio y largo plazo”, apunta Domingo. En su opinión, una regulación excesivamente rígida o poco definida podría generar incertidumbre y frenar nuevas iniciativas.
Los profesionales también destacan la importancia de la colaboración entre administraciones y sector privado. Consideran que la cogestión de estas viviendas puede ser una experiencia útil si se plantea como un modelo de cooperación y no como una intervención aislada.
“Este tipo de acuerdos pueden funcionar si se integran dentro de una estrategia más amplia que incluya al conjunto del sector. La vivienda es un ámbito complejo y requiere sumar esfuerzos, no sustituir unos por otros”, explica la presidenta de la organización inmobiliaria.
Además, valoran positivamente el compromiso del Ministerio de explorar la cesión de suelo adicional en Asturias, una medida que consideran clave para el desarrollo de nuevas promociones. No obstante, insisten en que será necesario concretar cómo se pondrán esos terrenos a disposición del mercado y en qué condiciones.
En definitiva, el sector inmobiliario observa el acuerdo como un avance, pero mantiene una postura prudente. Para los profesionales, el verdadero reto no estará solo en gestionar estas 400 viviendas, sino en aprovechar la iniciativa como punto de partida para una política más ambiciosa que permita incrementar de forma sostenida la oferta residencial en Asturias.
