Desde su directiva exigen que no se pague «ni un euro más por una obra ilegal», y que se devuelvan todas las retribuciones percibidas desde 2012, sin que haya llegado a entrar en funcionamiento
Ha pasado más de una década desde que el proyecto de la planta regasificadora del puerto del Musel comenzase a dividir a la opinión pública gijonesa y asturiana, y el reciente anuncio de su próxima puesta en marcha, en modo de prueba, ha desatado de nuevo la indignación de sus detractores. En ese sentido, la Coordinadora Ecologista ha puesto hoy el grito en el cielo para exigir que la estación no llegue a entrar en servicio, al no detectar en ella utilidad suficiente como para justificar la activación. Más aún, la plataforma pide que no se invierta más dinero en ella, y que se devuelva todo lo abonado desde 2012.
«No queremos que se pague ni un euro más por una obra ilegal», han planteado, a la par que reclaman que «se devuelvan todas las retribuciones percibidas desde 2012, que han pagado la ciudadanía, empresas y pequeños comercios, para mantener una planta totalmente injustificada para unos usos que nunca se han llegado a realizar». Así las cosas, la Coordinadora recalca que, en caso de ser puesta en marcha, la planta «costaría un total de 670 millones de euros a la ciudadanía, sin contribuir al interés nacional ni europeo». Por ello, su utilización «sigue en entredicho».
En cuanto a sus impactos económicos, los responsables del colectivo insisten en que, sin haber entrado nunca en funcionamiento, la planta ya ha costado más de 282 millones de euros desde 2012, de los cuales 236,12 millones de euros han sido en costes de retribución de la inversión a la empresa adjudicataria, Enagas. Los 46,65 millones de euros restantes fueron en concepto de gastos de operación y mantenimiento. Estos gastos «han sido incluidos en la factura de gas mediante el epígrafe de costes regulados».
No obstante, la Coordinadora considera que todavía no se ha pagado la amortización de la infraestructura, por lo que los aproximadamente 387 millones de euros que ha costado su inversión están pendientes de retribuir. «Y se deberán ir abonando a partir de su entrada en funcionamiento, lo que se incluirá en los costes del sistema gasista, que acaban pagando los consumidores en su factura», han augurado. «De llevarse a cabo, la ciudadanía y los consumidores, pagarán un total de 670 millones de euros por una planta que no ha servido nunca para el interés general del país», se han quejado.
