Mientras la oposición local acusa al Ayuntamiento de querer «esquilmar suelo público para mayor gloria de las constructoras», el Gobierno autonómico recuerda que en la utilización de dicho suelo «no debe primar el lucro»
No ha traspasado aún la barrera de lo meramente verbal, pero el ‘Plan Llave‘ del Ayuntamiento de Gijón, concebido para facilitar el acceso a la vivienda mediante la construcción de 500 hogares de protección pública en suelo municipal, ya acumula críticas severas por lo que desde varios sectores se entiende como una puesta a disposición de empresas privadas del suelo municipal. Porque puede que el grupo de Izquierda Unida (IU) en el Consistorio fuese el primero en alzar la voz, pero su estela ya la han seguido otros actores, como sus homólogos locales del PSOE y de Podemos, o la misma Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Todos ellos coinciden en un argumento fundamental: el objetivo de esa forma de vivienda nunca debería ser el lucro, sino la mejora de las condiciones de acceso a un hogar de quienes tienen más dificultades para lograrlo.
De entre los discursos esgrimidos en contra de la intención del Gobierno gijonés, uno de los más expeditivos ha sido el de Podemos. Su portavoz en el Pleno, Olaya Suárez, cargaba ayer frontalmente contra el Ejecutivo al afirmar que el citado ‘Plan Llave’ «no es vivienda pública, es un embuste», en tanto en cuanto se basa, a juicio de la edil, en «esquilmar suelo público para mayor gloria de las constructoras». En ese sentido Suárez, por medio de una nota de prensa, recriminaba al Ayuntamiento que la segunda fase del Plan en cuestión, centrada en el alquiler, «se supedita otra vez al control y el lucro de constructoras privadas durante cinco o seis o siete décadas». Y es que, como recordó la concejala, «no ha habido políticas sustanciales, ni se piensa en atraer al mercado los más de 8.000 inmuebles vacíos que ya tenemos». Por el contrario, lo que se pretende no es sino «actualizar el precio al alza de las viviendas de protección para poder maximizar sus beneficios».
Poco antes de que Suárez se hiciese oír comparecía su homólogo socialista Constantino Vaquero para, si bien en un tono más mesurado, desplegarse en posiciones no demasiado lejanas. «El Gobierno local equivoca por completo los problemas de vivienda, ya que la primera actuación debe ser para vivienda de alquiler a un precio asequible, y no para venta autonómica», argumentó el concejal, sin dejar de refrescar que la propuesta municipal es una copia del plan del PSOE para la construcción de viviendas de protección en la ciudad, aunque centrándose una sola línea de actuación, al supeditar las viviendas en alquiler a la reordenación del espacio por la futura estación intermodal. Una apuesta de dudosa oportunidad cuando «en Gijón hay terrenos municipales, como pueda ser dos parcelas de suelo residencial en La Camocha, donde se pueden construir unos 112 pisos», y que, en todo caso, no debería basarse sólo en el «interés lucrativo» del sector privado. En todo caso, Vaquero rescató la que es una de las críticas más recurrentes entre las fuerzas de la oposición en el Pleno gijonés: la de que en el Ejecutivo «ni hablan, ni dialogan, ni consensuan con nadie».
Oviedo, Ribadesella, Carreño o Parres, los ejemplos a seguir, según Zapico
Con todo, el detonador de la discusión no se activaba en Gijón, sino en Oviedo. Desde allí, a finales de la tarde del domingo, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, rechazaba «frontalmente» la petición del Consistorio de destinar parte de los fondos asignados a Asturias dentro del Plan de Vivienda Estatal 2022-2025 al desarrollo del ‘Plan Llave’ , y aclaraba a los de Carmen Moriyón que «el Gobierno asturiano está para cooperar, pero no para generar negocio para los agentes privados con el patrimonio público; no es nuestra política, y no entrará en nuestra agenda política y parlamentaria, en la que se da prioridad a la titularidad pública». Zapico ahondó en ese aspecto al matizar que los fondos ya están comprometidos y «se destinarán a ayudas al alquiler» para favorecer el acceso a la vivienda de los trabajadores y los jóvenes, y puso como ejemplo municipios como Oviedo, Ribadesella, Carreño o Parres, cuyos gobernantes, de diverso signo político, han puesto suelo a disposición del Principado para aumentar el parque público de vivienda, «y no con la intención de favorecer a agentes privados».
Así las cosas, Zapico daba la puntilla lamentando que el Ejecutivo local de Gijón no haya contado con consenso previo en el Consistorio y con el Principado para acordar su plan de vivienda, y sentenciaba que «los consensos no se buscan sólo con los agentes privados».
