El jueves tuvo lugar el juicio para el lanzamiento de la mujer víctima de violencia de género de Nuevo Roces con una niña de 9 años tras intentar renegociar su contrato con la sociedad pública, que sigue adelante con el desahucio
Todavía no hay sentencia firme, pero la amenaza del desahucio persiste ante la negativa de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) de renegociar el contrato y la deuda contraída, denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias. C. G. B., vecina de Nuevo Roces con una niña de 9 años y víctima de violencia de género, podría verse próximamente fuera de su casa después de que se reactivase el proceso tras la caída de la moratoria de desahucios en febrero, una más de «una larga lista», apuntan desde este colectivo que está asesorando a esta mujer con su caso.
Vecina de Nuevo Roces, un representante del sindicato relataba el mes pasado a miGijón que «le dieron una vivienda social cuando tuvo un caso de violencia de género en 2019. En su momento tuvo ayudas económicas por la violencia y, una vez que concluyó el periodo de ayudas, se quedó con una cantidad de dinero de 130 euros al mes para vivir. Evidentemente, no pudo pagar». En la actualidad, al ser beneficiaria del ingreso mínimo vital, sí puede hacer frente al alquiler, «pero se generó una deuda que ahora le reclaman y le han puesto esa demanda de desahucio», previsto en un principio para el 5 de mayo, pero que no se producirá hasta que no haya sentencia firme
Ahora, coincidiendo con el juicio celebrado el jueves en Oviedo para el lanzamiento, insiste en «la paralización inmediata del procedimiento» y condena «una vez más este tipo de acciones». También recuerda al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, «que aseguró en 2023 que no habría desahucios en vivienda pública. El caso de C. G. B. demuestra cómo, una vez más, incumple su promesa, dejando en la calle a una menor de 9 años de edad». El lunes acudirán a las oficinas de VIPASA junto con la afectada para ver si les atienden «al no recibir respuestas nuestrs correos».
El sindicato reclama a VIPASA que «escuche a las personas que quieren llegar a hacer una buena fe de pago. Si te hace una buena fe de pago a una hipoteca un banco, con tu casa, en una vivienda pública…, ¿por qué no va a haber una buena fe de pago?». En ese sentido, denuncia que «VIPASA está actuando peor que SAREB. Aquí también existen cláusulas abusivas», y apunta que «tenemos a más personas que nos siguen llamando porque tienen problemas con VIPASA», de los que muchos no salen a la luz por miedo o vergüenza.
