El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, que se concentró este jueves frente a la consejería para demandar una solución habitacional para cuatro mujeres, dice que «está mintiendo» y recuerda que el 7 de abril está fijado el primer lanzamiento
«Insistimos en que nadie será desahuciado de una vivienda pública por motivos económicos; ése es el compromiso firme del Gobierno de Asturias», aseguró ayer María Miranda, jefa de gabinete de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales y, también, secretaria de Organización de Izquierda Unida (IU), en un comunicado titulado ‘Vivienda garantiza que no habrá desahucios en el parque público por motivos económicos y llama a confiar en los servicios sociales’. Unas declaraciones que no convencen al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, que lleva el caso de cuatro mujeres, dos de ellas en pisos de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) en el barrio gijonés de Nuevo Roces. «Está mintiendo. Ayer mismo —por el miércoles— nos dijeron en VIPASA que no iban a retirar la demanda de desahucio», asegura su portavoz Andrés García, que, junto a compañeros y algunas de las afectadas, se concentró frente a la sede de la consejería para reclamar una solución habitacional urgente para ellas después del encierro de más de tres horas en las oficinas de la sociedad pública.
Apunta el comunicado de Vivienda que Miranda «busca trasladar un mensaje de tranquilidad ante las informaciones difundidas en relación con varios casos de posibles desahucios», aunque sólo cita tres de los cuatro. «Dos de los tres casos mencionados corresponden a inquilinas de vivienda privada, por lo que no se trata de situaciones gestionadas directamente en el parque público. No obstante, la empresa pública VIPASA no se ha desentendido en ningún momento: ha orientado a las afectadas, les ha informado de los recursos disponibles a su alcance y está realizando un seguimiento continuo de su situación», expresa el texto. «En cuanto al tercer caso, se encuentra actualmente en manos de los profesionales de los Servicios Sociales, dado que se trata de una situación de gran complejidad que requiere una intervención especializada e integral», añade.
«Pedimos respeto y que se deje trabajar a los grandísimos profesionales de los servicios sociales asturianos, que son quienes deben liderar este tipo de procesos. Confiamos plenamente en su criterio y en la labor que desarrollan cada día con las personas más vulnerables», señaló Miranda. Pero el sindicato y las afectadas no se fían. «Hoy no nos quisieron recibir en la consejería. Hablamos con ellos, con educación, y la única vía que nos ofrecen es rellenar una solicitud. Durante meses hemos estado solicitándolo por esta vía y no nos han recibido. No tenemos tiempo para registros ni burocracia: los lanzamientos ya están fijados, el primero en dos martes», esto es, el 7 de abril. Se trata del de Desiré, vecina del barrio ovetense de Las Campas inquilina de un pequeño propietario y con una niña de 6 años.
Este colectivo, que el miércoles se encerró durante más de tres horas en VIPASA, celebra el sábado asamblea, donde tomará decisiones sobre las próximas acciones a seguir en el ámbito social y sindical. Mientras, continúa con la vía judicial para tratar de frenar estos desahucios a colectivos vulnerables tras la caída de la moratoria antidesahucios, una situación que afecta, aseguran, a muchas más personas que a estas cuatro mujeres.
