El portavoz del equipo de gobierno asegura que «no renunciamos a nada» y acusa al consejero Ovidio Zapico de imponer esta medida de manera no consensuada; «dice una cosa en una reunión privada, públicamente dice lo contrario y encima ya sabe que lo vamos a recurrir», declara

«Recuerdo perfectamente cómo en la última reunión que mantuve con la Consejería de Vivienda nos dijeron que todas las medidas que se tuvieran que adoptar, si se llevaba a efecto esta declaración de zonas tensionadas, iban a ser todas y cada una consensuadas con el Ayuntamiento de Gijón. Que no se iba a aplicar ninguna medida que no fuera antes acordada con este Consistorio y con su gobierno. Lo siguiente que hemos sabido es que ayer se aprobó esta declaración y que hoy el consejero, bueno, hoy no, ayer incluso, ya anticipaba que el Ayuntamiento iba a recurrirlo». Con estas palabras resumía esta mañana Jesús Martínez Salvador, tras la junta de gobierno, el malestar por el proceder del departamento de Ovidio Zapico después de que diera cuenta ayer al Consejo de Gobierno la declaración de los barrios de L’Arena/La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado, acordada mediante resolución el 14 de mayo. «No es la forma de trabajar que nosotros tenemos. Dice una cosa en una reunión privada, públicamente dice lo contrario y encima ya sabe que lo vamos a recurrir. Es que parece que hasta que lo está haciendo adrede para que recurramos», valoró el portavoz.
Entiende el también concejal de Urbanismo que «si lo que queremos es solucionar un problema lo ideal sería que nos llamara, que nos dijera ‘vamos a sentarnos, vamos a consensuar qué se puede hacer para solucionar un problema como éste’», pero apunta que «es la misma forma de actuar que hemos visto con el desarrollo de las diferentes actuaciones que podemos hacer para que se construya vivienda asequible: actuando de una manera unilateral, sin negociar nada con los ayuntamientos. Mucho me temo que al final lo que está buscando es más un rédito partidista que solucionar un problema de los vecinos». Así, señala que «lo que nos importa es que se aumente la oferta de vivienda asequible, tanto en alquiler como en venta, para que la ciudadanía de Gijón pueda acceder a una vivienda digna a un precio que se pueda permitir y, desde luego, no parece que lo que el Principado está haciendo vaya en esa misma línea».
«Si no nos llaman, si no nos convocan, si no nos explican qué quieren hacer y si no negociamos ninguna medida, es evidente que tendremos que tomar medidas por nuestra parte y el recurso puede ser una de ellas. No renunciamos a nada», aseguró Martínez Salvador, que a continuación reflexionó que «la medida principal de la declaración de una zona tensionada es limitar el precio del alquiler de una vivienda. Si una persona que tiene un piso de su propiedad no lo pone en alquiler al precio que le dé la gana, ¿qué nos hace pensar que lo va a poner a un precio que es sustancialmente inferior, que te marca el Gobierno?». «Todavía no hemos tenido respuesta a esta reflexión por parte del Principado de Asturias», concluyó.