Las dos formaciones en la oposición pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal hasta quince procedimientos cerrados en los últimos tres años, a fin de evaluar si fueron, o no, acordes a derecho, y si pudieron ser constitutivos de delito

Era cuestión de tiempo que el escándalo surgido en torno al cese del ya expresidente de Divertia, Oliver Suárez, fruto de la contratación irregular de, al menos, dos de las actuaciones del ciclo ‘Los Conciertos del Parque’ escalase hasta la cresta de lo judicial. Y este jueves, finalmente, lo ha hecho… O se ha anunciado que se hará. En una rueda de prensa conjunta ofrecida en el Ayuntamiento de Gijón, los portavoces de los Grupos Municipales de Izquierda Unida (IU), Javier Suárez Llana, y de Podemos, Olaya Suárez, han adelantado que llevarán ante la Fiscalía del Principado todos los contratos suscritos durante el tiempo que el saliente Suárez estuvo al frente de la empresa de festejos, un conjunto de pliegos –quince en total– que se remonta a tres años atrás. El objetivo, han acotado ambos líderes, es ofrecer a las autoridades la capacidad de evaluar si dichos contratos -siete formalizados este año, otros tres del verano pasado, y los cinco restantes, del de 2024- se suscribieron con arreglo a la legislación vigente, o no, y si, en caso de que no fuese así, pudieron ser constitutivos de delito.
«Queremos saber si la formalización de contratos por parte de Oliver Suárez para los que no estaba autorizado por el Consejo de Administración de Divertia fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia, y si constituye un delito de prevaricación», ha precisado Suárez Llana en su turno de intervención, dejando claro que tanto él como Olaya Suárez están a la espera de que «el Gobierno local nos dé acceso» a los pliegos solicitados. Ese es el gran escollo que ahora tienen que salvar ambas agrupaciones; las mismas que, a lo largo del mandato en curso, se han quejado en varias ocasiones de la demora y la falta de transparencia de la Corporación en lo relativo a responder a las peticiones de documentación. Eso, unido al silencio que todavía impera en el Ejecutivo gijonés desde que, hace ya una semana, Oliver Suárez fuese expulsado, ha llevado al líder de IU a plantear hoy que tanto él como su homóloga de Podemos «estamos haciendo, como ediles en la oposición, lo que debería hacer la alcaldesa, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal tránsfuga al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado». Por ello, Suárez Llana ha concluido recalcando que, «si la máxima autoridad política tiene la más mínima sospecha de que en su Gobierno se ha cometido un delito, su obligación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía; no hacerlo responde única y exclusivamente a los cálculos políticos que caracterizan la forma de gobernar de Carmen Moriyón».
El mismo nivel de virulencia en sus palabras ha demostrado Olaya Suárez. La portavoz del Grupo Municipal de Podemos ha querido enfatizar que, lejos de ser algo puramente anecdótico, por lo que respecta al ‘caso Divertia’ «estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de la empresa de festejos, como del propio Ayuntamiento». Para la concejala en la oposición, es particularmente llamativa «la insistencia de Divertia en asumir su producción», un afán que sirvió «para que se pagasen cerca de 300.000 euros de dinero público por el escenario y el suministro eléctrico del recinto, de los que se benefician las empresas privadas que organizan allí sus eventos». No obstante, como en el caso del representante gijonés de IU, en el caso de Olaya Suárez no se debe desviar el foco de la vinculación, y alta, que tiene la regidora en todo el asunto. «Moriyón es la máxima responsable del Ayuntamiento y de haber colocado al concejal tránsfuga en esta posición, contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo», ha advertido. En suma, para la líder de Podemos «es imprescindible que todos los implicados den explicaciones, porque la ciudadanía merece saber qué pasó, por qué pasó, quién tuvo la responsabilidad y si alguien se ha podido beneficiar de estas irregularidades».