El órgano colegiado descarta que la declaración del Principado dañe las competencias municipales en materia de vivienda, confirma que hubo cooperación administrativa, y aclara que los supuestos perjuicios alegados son meras «hipótesis»
Nueva derrota del Ayuntamiento de Gijón en la batalla que libra con el Gobierno del Principado por la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado. En la mañana de este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha resuelto no aceptar la medida cautelar solicitada por el Consistorio, con la que pretendía paralizar los efectos de dicha declaración hasta que se resuelva el recurso municipal interpuesto contra ella. Una decisión, la del órgano colegiado, motivada por la ausencia de razones de suficiente peso en las alegaciones presentadas por el Ejecutivo local, y que mantiene a ambos barrios con los precios del alquiler topados, mientras la Consejería de Vivienda ultima la anunciada extensión de la designación de zonas tensionadas a todo el centro de la ciudad. En cuanto al Ayuntamiento, ahora dispone de cinco días para interponer un recurso de reposición, y tratar de dar la vuelta al revés de hoy.
En su escrito, el TSJA comienza descartando la afirmación de que la declaración podría suponer un menoscabo de las competencias municipales en materia de vivienda. Y es que el Consistorio, para justificar la adopción de las cautelares, había asegurado que, si su recurso prospera, los efectos derivados del tiempo de vigencia de las zonas tensionadas podrían no revertirse, algo que la resolución judicial rechaza. En la línea de lo anterior, desde el Gobierno gijonés también se habían esgrimido supuestos perjuicios sobre áreas tan sensibles como la tesorería municipal; no obstante, el órgano colegiado considera que tales efectos no han podido ser probados, por lo que se mueven en el terreno de las «hipótesis»; insuficientes, por tanto, para decretar unas cautelares. Finalmente, el TSJA recuerda que la declaración emitida por la Consejería de Vivienda estuvo sometida a un periodo de información pública, que confirma un afán de cooperación administrativa por parte del Principado.
