Jesús Daniel Sánchez, director general de Vivienda, aprovecha la publicación de la nueva Guía de las Zonas Tensionadas para recordar que los municipios asturianos «son los primeros interesados en solucionar el acceso a vivienda a sus ciudadanos»
Puede que los focos de polarización proliferen día a día en España, pero el de la vivienda sigue figurando en los puestos de salida de la lista de motivos de crispación social, con las divergencias en torno a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado como uno de los asuntos más polémicos en Asturias. Sin embargo, a la vista del malestar que la medida ha generado en algunos municipios -por el momento, se ha aplicado en los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena, en el avilesino La Magdalena, en el núcleo urbano de Llanes, y en las localidades de Luanco, Arenas, Cabrales, Posada, Poo, Nueva, Barro y Celorio-, el Principado ha optado por dar un golpe sobre la mesa, y dejar claro que es él que tiene la última palabra. En declaraciones hechas ayer martes durante la presentación de la nueva Guía de Zonas Tensionadas, el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, recordó que designar dichas zonas es competencia exclusiva del Gobierno autonómico, y que, aunque se aspira a lograr un consenso con los Consistorios afectados, a la hora de la verdad las medidas en cuestión se aplicarán «con los Ayuntamiento o sin ellos».
«Si entienden que no tienen que resolver la situación de vivienda de sus ciudadanos, pues lo tendrá que hacer el Principado», aseveró Sánchez, no sin antes dejar claro que el deseo último del Ejecutivo al que representa es evitar esa tesitura tan extrema. Al fin y al cabo, prosiguió, esos mismos municipios son, o deberían ser, «los primeros interesados en solucionar el acceso a vivienda a sus ciudadanos» pero, en cualquier caso, la unilateralidad es actualmente una competencia exclusiva de la Administración asturiana. Algo que Sánchez se aseguró de dejar claro parafraseando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ‘popular’ Isabel Días Ayuso, y la crisis desatada en torno a ella por la compra de un ático, al apuntar que «lo de ‘chao pescao’ es que lo podemos hacer con ellos o sin ellos». En ese sentido, el director general matizó que, cuando sea preciso, la Consejería de Vivienda se encargará de que «no haya ciudadanos de primera y de segunda en virtud de que los Gobiernos locales quieran colaborar, o no, en solucionar las políticas de vivienda». Una advertencia en firme lanzada mientras se estudia extender la declaración de zonas tensionadas a la totalidad de Oviedo, Gijón y Avilés, y a lugares especialmente críticos como Villaviciosa, San Esteban de Pravia o Muros de Nalón, entre otros. Por el momento, no existen fechas oficiales.
Tales declaraciones se producían durante el acto de presentación de la Guía de Zonas de Mercado Residencial Tensionado de Asturias, un documento de veintiuna páginas que detalla qué son dichas zonas, cuándo y de qué podo se aplican, y qué prácticas son admisibles dentro de ella. En ese sentido, aparte de explicar conceptos clave como el de Sistema Estatal de Referencia del precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), o el de Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda (IRAV), el documento precisa cuáles son los topes de aumento de la renta que los propietarios pueden exigir dentro de dichas zonas, en función del alquiler previo, de las condiciones del edificio y de los ingresos de los arrendatarios. Se trata, en fin, de una suerte de cuerda guía para que Administraciones y ciudadanos de a pie conozcan los límites que dicta la ley, eviten abusos y, en caso de detectar su existencia, sepan con qué herramientas acudir a las autoridades judiciales pertinente.