Mientras el Congreso se prepara para votar hoy el decreto de vivienda, Jorge Fernández, miembro de AMA y uno de los dos agredidos en San Mateo, reflexiona sobre el impacto de un movimiento social que, motivado por el desahucio de Maricarmen, «podría cambiar las cosas»
Hoy podría ser un día histórico en la larga trayectoria política de España. También podría acabar siendo una oportunidad perdida, desde luego. Todo dependerá de si esta mañana el Gobierno de la nación es capaz de reunir apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante el decreto de vivienda con el que, con suerte, se aplaquen de una ciudadanía cansada de la crisis endémica que sufre el sector habitacional. Un hartazgo que tiene su principal traducción en la masiva acampada organizada en la madrileña Puerta del Sol, donde cientos de personas -miles, en sus primeros compases- permanecen reunidos desde el polémico desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal, el pasado miércoles. Convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, esa masa, que algunos ya comparan con la de aquel icónico 15-M, ya ha manifestado su voluntad de no moverse hasta que las fuerzas políticas lleguen a un punto de entendimiento. Y allí estuvo ayer lunes Jorge Fernández, militante de la Asamblea Moza d’Asturies (AMA), y uno de los dos activistas, junto con Rubén Rosón, agredidos en San Mateo. Su presencia en Sol, reconoce, no respondió a un mero afán de visita; fue, sobre todo, un intento de aportar un grano de arena a la causa, al igual que una forma de tomar la temperatura a un movimiento que, opina Fernández, podría llegar a cambiar las cosas.
«Tengo la sensación de que es el principio, el inicio de algo más grande», reconoce, en declaraciones ofrecidas a este diario, desde esa misma Madrid en la que hoy están concentrados los ojos de todo el país. La suya, aunque no carente de cierta épica, no es una afirmación gratuita. Se alimenta de lo visto, de lo oído y de lo sentido en Sol. Allí, prosigue, «veo a la gente con muchísima ilusión, con ganas de comprometerse; personas que estaban en sus casas, que veían las noticias con frustración, de pronto decidieron juntarse en un espacio público y hacer presión a una». El fruto anímico de esa coalición, añade Fernández, casi se palpa en el ambiente de la capital española. «Es un sentimiento de poder muy fuerte; cuando nos vemos tantos juntos, peleando por una causa que sabemos que es justa, se abre un horizonte nuevo», profundiza. Eso sí, independientemente de lo que suceda hoy en el Congreso, él, como tantos otros ciudadanos de a pie, tiene la sensación de que el Gobierno no ha complido con su deber ni en tiempo, ni en forma. «Llega tres años tarde, y cada vez necesitamos más años de nuestras vidas para pagar una casa; cuando los poderes no hacen su trabajo, nosotros salimos», sentencia. Y establece un paralelismo con la contestación social a la agresión de la que él y Rosón fueron víctimas. «Son expresiones de un mismo sentimiento social, de una juventud que dice basta; en el caso de Oviedo, ante la violencia, y aquí, ante la crisis de la vivienda».
Más allá de aquel incidente -cuyo proceso judicial arrancará mañana miércoles, con las declaraciones de los propios agredidos-, Fernández, como buen asturiano, no puede evitar echar un ojo al Principado, a cuyo Ejecutivo autonómico acusa de no estar dando la talla en materia de vivienda. Allí, en ‘casa’, la legislación estatal «ni siquiera se está aplicando, y no se están trazando las zonas tensionadas que se deberían», valora. Un punto de vista, el suyo, que bebe de la polémica que ha generado la designación de áreas como los barrios gijoneses de Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionado por la Consejería de Vivienda, y que el Ayuntamiento, gobernado por Foro y PP en tándem, está tratando de tumbar en los tribunales, mientras el Gobierno asturiano estudia extenderla a todo el centro de la ciudad. Y es esa dualidad de posturas, esa reconciliación aparentemente imposible entre quienes defienden al inquilino y los que protegen al propietario, lo que se espera que hoy, en el Congreso, quede, como mínimo, acotado. Por el momento, el borrador inicial, elaborado por el PSOE, incluye medidas de protección ante los desahucios, estabilización de alquileres, regulación de las cuotas por temporadas, bonificaciones fiscales a los arrendatarios y prohibición de compra especulativa por parte de ‘fondos buitre’, entre otras. Ahora queda por ver si esas bases convencerán a Sumar, que ya las ha tachado de «insuficientes», y a Junts per per Catalunya, enemigo tradicional de cualquier acción que entrañe un perjuicio para los propietarios.
