El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, considera oportuno establecer una regulación para el nombramiento de vías, edificios y espacios públicos de la ciudad, de cara a evitar polémicas como la que se está viviendo en la ciudad por el cambio de denominación de la avenida Juan Carlos I.
Concretamente, propone aprovechar la reforma que se va a acometer del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón para incluir esta regulación en su Título V, en el que se establece el procedimiento para la otorgación de honores y distinciones municipales, “puesto que tener una calle con su nombre es el mayor honor que puede conceder el Ayuntamiento a una persona”, y si bien el nombramiento de las calles es competencia exclusiva de la Alcaldía – delegable en la Junta de Gobierno – nada impide que se regulan las condiciones y el procedimiento para ejercerla adecuadamente, tal y como han hecho ya otras ciudades.
“Por eso pensamos que es importante que exista un procedimiento claro que posibilte que estos nombramientos cuentan con el máximo consenso posible y garantice la participación ciudadana”, señaló Pérez Carcedo que consideró también que es importante “asegurar que las personas tengan o hayan tenido algún vinculo claro con nuestra ciudad, y cuyos méritos y prestigio sean ampliamente reconocidos para hacerles merecedores del honor que supone tener un nombre en el callejero gijonés”.
Algo que a su juicio no siempre se ha cumplido, puesto que son varias las calles de la ciudad que llevan el nombre de personas con han tenido ningún vinculo con Gijón, y que se han otorgado por criterios meramente ideológicos, “en un intento de politizar y apropiarse de espacios que son públicos y que, por lo tanto, pertenecen a todos los gijoneses, algo que con esta regulación pretendemos evitar que se pueda seguir realizando”.
Por último, consideró necesario que en esta normativa se tasaran los motivos que justificarían cambiar las denominaciones ya existentes para evitar polémicas y arbitrariedades en los cambios, y dado el importante perjuicio que cualquier cambio ocasiona a los vecinos y comerciantes de la vía afectada.
“Además, en el caso de personas, estaríamos hablando de revocar un reconocimiento público otorgado por la ciudad por lo que tendrían que existir razones de peso, claras y objetivas que lo justificara. No como ahora, que se pretende apresuradamente cambiar el nombre la avenida de Juan Carlos I, por un capricho ideológico, vulnerando cualquier tipo de presunción de inocencia y olvidando el papel que ha jugado en la consolidación de nuestra democracia”, concluyó.
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