El Gobierno central tendrá en cuenta las excepcionalidades de Asturias a la hora de confeccionar la futura ley con la que el Ministerio de Agricultura pretende, entre otras cuestiones, alejar al ganado vacuno de los núcleos poblaciones al menos 500 metros. Una medida que, de llevarse a cabo, chocaría frontalmente con el 90% de las ganaderías presentes en el Principado. Si el otro día era el presidente Adrián Barbón quien salía al paso para recalcar que se defenderán los intereses del sector, este sábado fue la directora general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado quien avanzó que el Ejecutivo central tendrá en cuenta la diferencialidad de las explotaciones de la Cornisa Cantábrica. «El Ministerio ha reconocido que esas circunstancias se tendrían en cuenta en el citado real decreto», ha aclarado Rocío Huerta.
En ese sentido, el proyecto del Gobierno de Sánchez (aún está en fase de alegaciones) busca prohibir las macrogranjas y mejorar la regulación de las intensivas. El Principado, según ha indicado Huerta, valora esta normativa para la ordenación del sector de leche y carne, «antes de que se apliquen otras que no tengan en cuenta que la actividad es la producción de alimentos«. Por último, Sin embargo, ha recordado que el Principado defiende que en la Cornisa cantábrica se dan unas circunstancias diferenciales por la orografía, clima y población, «y también por la necesidad de aclarar cuestiones vinculadas al modelo de explotación familiar y sostenible, por si puede verse afectada indirectamente».
