El dictamen desata una oleada de críticas que deja al Ejecutivo sin aliados claros
El borrador del dictamen de la comisión parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo ha dejado al Gobierno del Principado en una posición de creciente aislamiento político, tras una jornada en la que tanto sindicatos como la oposición han apuntado hacia la existencia de responsabilidades políticas, en contraste con el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico.
El documento, elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, identifica hasta siete responsables políticos por el siniestro que costó la vida a cinco trabajadores. Entre ellos figuran nombres de relevancia institucional como los actuales presidentes de Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón. Un señalamiento que ha actuado como catalizador de una reacción en cadena que deja al Gobierno prácticamente solo en su interpretación de los hechos.
El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, fue claro al rechazar cualquier atribución de responsabilidades políticas. Desde la sede de Presidencia, defendió que el borrador no establece una relación de causa-efecto entre la actuación administrativa y la explosión de grisú, y reiteró que la única responsabilidad directa corresponde a la empresa Blue Solving, a la que acusó de operar de forma ilegal y clandestina.
Sin embargo, ese planteamiento no ha encontrado respaldo más allá del propio Gobierno y de la estructura orgánica del PSOE asturiano. La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) cerró filas en torno a la tesis oficial, insistiendo en que el accidente se produjo en una explotación sin autorización administrativa y advirtiendo de que la investigación no debe “contaminarse” por intereses políticos o electorales. Aun así, su posicionamiento no ha logrado contener las discrepancias externas ni las contradicciones internas.
El contraste más evidente se produce en el ámbito sindical. El secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, alineado históricamente con el socialismo asturiano y miembro de la ejecutiva de la FSA, se desmarcó de la posición gubernamental al afirmar que el borrador permite “deducir claramente” la existencia de responsabilidades políticas. Su mensaje fue rotundo: asumirlas “no es una opción, es una obligación ética y política”.
A esta visión se sumó también Comisiones Obreras. El responsable de Industria en Asturias, Ignacio Requena, calificó el documento como “muy duro” en la delimitación de responsabilidades y consideró que debería ser tenido en cuenta. Ambas organizaciones coinciden en señalar que las responsabilidades no pueden diluirse, lo que refuerza la sensación de soledad del Ejecutivo en su defensa.
Tampoco dentro del bloque de gobierno hay una posición homogénea. Convocatoria por Asturies-IU, socio del PSOE en el Ejecutivo, optó por guardar silencio en esta fase clave. Una ausencia de pronunciamiento que cobra relevancia si se tiene en cuenta que, en días previos, la formación había reclamado asumir responsabilidades políticas e incluso la salida de cargos públicos vinculados a los hechos. Ese silencio añade incertidumbre sobre la solidez del respaldo parlamentario al Gobierno.
Mientras tanto, la oposición ha encontrado en el borrador un argumento para intensificar su ofensiva política. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, acusó al Ejecutivo de haber debilitado los controles en materia minera y cuestionó directamente la gestión del presidente del Principado, Adrián Barbón, sugiriendo incluso que debería plantearse su dimisión.
En términos similares se expresó el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, quien sostuvo que el dictamen confirma las responsabilidades políticas y defendió que, cuando fallan estructuras completas de la Administración, la responsabilidad recae en quien las dirige. Desde Foro, su portavoz Adrián Pumares fue más allá al calificar de “insostenible” la situación del presidente autonómico y vincular el accidente con el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera.
En este contexto, el Gobierno asturiano aparece cada vez más aislado en su relato: sostiene que la responsabilidad es exclusivamente empresarial, mientras a su alrededor crece un consenso —con distintos matices— que apunta a la existencia de responsabilidades políticas que deben ser depuradas.
El borrador del dictamen, aún pendiente de debate y aprobación definitiva, no solo marcará el futuro de la investigación parlamentaria, sino también el equilibrio político en Asturias. A corto plazo, todo indica que el Ejecutivo tendrá que afrontar una presión creciente en un escenario donde sus apoyos se reducen y las voces críticas, incluso cercanas, ganan protagonismo.
