La Federación de Asociaciones de Vecinos ve con buenos ojos que la medida dure un año, pero considera imperativo extenderla a toda la ciudad para «tener tiempo de pensar qué modelo turístico queremos para Gijón»
Gijón vive días convulsos. Vecinos, turistas, políticos, propietarios de inmuebles y empresarios del sector inmobiliario viven pendientes del Ayuntamiento, de su pretensión de suspender la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) durante un año en las zonas más tensionadas por su proliferación, y de la fecha definitiva del Pleno extraordinario en el que se aprobará esa moratoria, y que, si no hay imprevistos, se celebrará la semana que viene. La cuestión, cómo no, ha dividido al grueso de esos actores implicados. Sobre todo, a los habitantes de la ciudad, que aplauden ese plazo de doce meses de paz y de margen para replantearse qué modelo de urbe se desea… Pero que ven con preocupación la posibilidad de que la limitación de la prohibición a la franja costera traslade el problema a barrios hasta ahora libres de la tan temida turistificación.
«Nos preocupa el desplazamiento de la barrera costera. Si retrasan la línea límite para tener VUT, la demanda de apartamentos turísticos también va a bajar», alerta Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). El tema lleva días acaparando conversaciones entre los diferentes integrantes de la misma, y la conclusión a la que todos llegan es, más o menos, la misma. Si en barrios como Fomento, Cimavilla o La Arena pasa a ser inviable abrir un negocio de esa clase, el interés pasará a las segunda y tercera líneas de playa. Como apunta Cañete, «Gijón es una ciudad pequeña. Se puede ir de la calle Ezcurdia a San Lorenzo en dos pasos, de modo que el problema se contagiará a esos otros barrios más céntricos que se libraban». Para muestra, un botón: a medida que el Ayuntamiento va estableciendo aparcamientos como zonas ORA, «allí donde todavía tenemos estacionamientos gratuitos vemos una saturación progresiva de coches. Nos pasa en el Polígono; como es gratis, ya no encuentras donde aparcar».
El riesgo de crear más barrios inhabitables, el gran temor de la FAV
Pero la inquietud de los vecinos va más allá de las meras molestias que un grupo de turistas ruidosos en pisos de El Llano o La Calzada puedan causar. Como quienes viven en esas áreas hoy por hoy tensionadas llevan tiempo constatado, «los precios de las viviendas se disparan y, al final, la gente que vive allí acaba siendo expulsada, porque ese modelo de ocupación por tres o cuatro meses no es viable». Según afirma Cañete, en poder de la FAV obran datos procedentes del Principado y de la Unión de Comerciantes, que confirman que «en El Carmen, por ejemplo, hay una ocupación del 7%; eso es preocupante». Algo que, en suma, no hace sino constatar que «en Gijón, como ciudad de moda que es, la vivienda, más allá de una necesidad vital, se ha convertido en una mercancía, y todo el mundo quiere hacer su negocio. Para eso debería estar la Administración; para legislar y gobernar».
Precisamente esa última convicción causa también resquemor en la FAV; y no sólo a escala autonómica, sino también municipal. Entre los vecinos no ha sentado bien que, en el Pleno de este miércoles, el Ejecutivo local rechazase la petición de Izquierda Unida (IU) de constituir una mesa de trabajo con todos los agentes sociales, políticos y empresariales para definir soluciones conjuntas al problema de la avalancha de VUT. «El equipo de Gobierno actual lleva siete meses en el Ayuntamiento, pero más allá de decir que va a trabajar, no ha hecho ninguna mesa seria», lamenta Cañete, si bien sí celebra que se accediese a realizar un censo digital de tales inmuebles, a combatir la proliferación de aquellos ilegales y a instar al Principado a que tome cartas en el asunto. Ahora bien, en lo concerniente a la moratoria, la FAV es inflexible. «O afecta a toda Gijón, o no servirá. Necesitamos ese margen para detenernos y pensar qué clase de ciudad queremos. No podemos dejar que ocurra como en Benidorm».
«Hay que obligar a unos y a otros a que se pongan manos a la obra», alerta Manuel Cañete
Por último, en opinión de Cañete la limitación, aun con sus defectos y combinada con las partes de la propuesta de IU aprobadas ayer, sí abrirá una ventana de tiempo para que el Gobierno autonómico elabore una normativa homogénea para toda la región, algo que, a fin de cuentas, entra dentro de sus competencias. «Hay que obligar a unos y a otros a que se pongan manos a la obra», sentencia. «La Administración regional no puede hacer dejación de sus funciones, y tendría que haber hecho su trabajo, pero no lo está haciendo». Y concluye advirtiendo de que «todo esto de las VUT está viniendo muy rápido, y cuanto antes nos pongamos todos a trabajar en ello, mejor».
