El líder del SOMA exige responsabilidades políticas tras Cerredo y advierte que el debate «se está dilatando»
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha reclamado la depuración de responsabilidades políticas tras el informe de la Inspección de Servicios sobre el funcionamiento del departamento de Minas del Principado, aunque ha matizado el papel del presidente autonómico, Adrián Barbón, al que considera “responsable último” pero no el primer foco de las decisiones a adoptar.
En una entrevista en La Nueva España, Alperi subraya que el informe apunta a deficiencias administrativas y jurídicas, pero entiende que también existen implicaciones políticas. “A la vista de lo que han manifestado tanto la FSA como Izquierda Unida, deduzco que consideran que hay responsabilidades políticas”, señala.
El dirigente sindical pone el acento en la necesidad de actuar con rapidez y claridad. “Si yo fuera familiar de uno de los cinco fallecidos, no entendería por qué se está dilatando este debate”, afirma, en referencia al accidente de Cerredo. A su juicio, la clave está en determinar si la Administración falló a los trabajadores y, en ese caso, asumir consecuencias.
En ese reparto de responsabilidades, Alperi introduce matices sobre el papel del presidente del Principado. “El presidente es el responsable último de todo, evidentemente, pero hay escalones intermedios que deben asumir esa responsabilidad en primer término”, explica. De este modo, rechaza que la exigencia de responsabilidades políticas deba centrarse exclusivamente en Barbón, como plantea la oposición.
“Forma parte de la estrategia de la derecha señalar al presidente, pero no lo comparto”, añade, defendiendo que el análisis debe ser más amplio y afectar a quienes han tenido una responsabilidad directa en la gestión del área minera en distintas etapas.
El líder del SOMA insiste en que la asunción de responsabilidades políticas no puede quedarse en el plano teórico. “Si el Gobierno quiere poner orden en su casa y ganar credibilidad, debe señalarlas”, afirma, recordando que este tipo de responsabilidades conlleva la salida de los cargos de designación política. En este contexto, apunta que el Ejecutivo autonómico tiene margen para actuar sobre responsables en empresas públicas u organismos vinculados.
Alperi también diferencia claramente entre el ámbito político y el judicial. Mientras que será la Justicia la que determine “qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables penales”, considera que el Gobierno no puede esperar a esas conclusiones para tomar decisiones políticas.
Además, vincula este debate con decisiones pasadas, como la supresión en 2019 del servicio de Seguridad Minera, una medida que el SOMA rechazó en su momento y que ahora, a la luz del informe, considera equivocada. Para el sindicalista, este tipo de decisiones refuerzan la necesidad de revisar la cadena de responsabilidades dentro de la Administración.
En definitiva, Alperi sitúa a Barbón en la cúspide de esa cadena, pero defiende que la depuración debe comenzar por los niveles intermedios. “No tendría sentido que toda petición de responsabilidades acabase en el presidente”, concluye, apostando por un análisis más profundo de la gestión política en el ámbito minero tras el accidente de Cerredo.
