El PP podría perder el control de Oviedo mientras crecen las dudas sobre quién gobernaría con Queipo
El escenario político asturiano comienza a mostrar síntomas de reconfiguración a medio plazo, tanto en el ámbito autonómico como en el municipal. Los últimos datos demoscópicos, recabados por este diario a través de fuentes de las principales casas encuestadoras del país, dibujan un panorama en el que se consolidan algunas tendencias y emergen nuevas incertidumbres de cara a los próximos comicios.
En el caso de Oviedo, uno de los principales focos de atención se sitúa en la evolución electoral del actual alcalde, Alfredo Canteli. Según estas estimaciones internas, el regidor popular se enfrentaría hoy a un escenario de pérdida de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, fijada en 14 concejales. Las proyecciones lo sitúan en una horquilla de entre 12 y 13 ediles, lo que obligaría a replantear el esquema de gobernabilidad en la capital asturiana.
Este cambio no es menor. De confirmarse, Oviedo se sumaría a otras plazas clave como el Principado o Gijón, donde el papel de Vox se vuelve determinante para articular mayorías en el bloque de la derecha. La formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal ha ido consolidando su presencia en Asturias, y en el caso concreto de la capital destaca el trabajo de sus concejalas, Sonsoles Peralta y Alejandra González. Ambas han protagonizado una oposición especialmente activa en los últimos años, tanto en la calle como en el ámbito digital, denunciando alineamientos de Canteli con la izquierda y logrando una visibilidad que podría traducirse en un crecimiento electoral.
Frente a este escenario municipal más incierto, el ámbito autonómico presenta una fotografía distinta. El presidente del Principado, Adrián Barbón, resiste el desgaste que sí afecta a otros gobiernos socialistas en España. Diversas fuentes consultadas coinciden en señalar que Asturias mantiene una dinámica propia, alejada en parte de la tendencia nacional.
Los datos internos de varias casas demoscópicas apuntan a que el PSOE conserva una base de apoyo sólida y relativamente estable en la comunidad. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, donde la fragmentación del voto y el avance de la oposición han erosionado al PSOE, en Asturias la fidelidad de su electorado se mantiene. Este comportamiento se explica, en buena medida, por el perfil moderado de Barbón y por una gestión percibida como continuista, sin grandes sobresaltos ni conflictos internos de relevancia.
En paralelo, el Partido Popular asturiano, liderado por Álvaro Queipo, trata de ajustar su estrategia para ganar terreno. La dirección regional ha encargado la elaboración de una encuesta propia que comenzará el próximo mes, con el objetivo de obtener una radiografía más precisa del momento político y definir mejor su posicionamiento ante un escenario cambiante. No obstante, nadie (dentro y fuera) descarta la posibilidad de movimientos de última hora, una práctica que ha caracterizado históricamente al PP en momentos preelectorales.
Un ejemplo reciente de esta dinámica fue el nombramiento de Diego Canga como candidato del Partido Popular para las elecciones autonómicas de 2023. La decisión fue impulsada directamente por Alberto Núñez Feijóo desde la dirección nacional, con el objetivo de renovar el partido tras la salida de Teresa Mallada y superar las divisiones internas mediante un perfil independiente, técnico y con experiencia en la Comisión Europea.
Durante la campaña, Canga trató de presentarse como un gestor más que como un político tradicional, apostando por un discurso moderado y transversal orientado a unificar el centro-derecha y atraer también a votantes socialistas desencantados. Su candidatura logró mejorar de forma notable los resultados del partido, aumentando significativamente su representación institucional. Sin embargo, ese avance no fue suficiente para alcanzar una mayoría alternativa, lo que permitió a Barbón revalidar la presidencia del Principado.
Precisamente, una de las grandes incógnitas que se plantean en el entorno empresarial y político de la derecha asturiana tiene que ver con la capacidad de Álvaro Queipo para construir un equipo de gobierno sólido en un hipotético escenario de victoria. No son pocos los analistas y actores económicos que subrayan que, a día de hoy, no resulta evidente quiénes asumirían las principales consejerías ni cómo se articularía el reparto de responsabilidades dentro de un eventual Ejecutivo popular. La duda no es menor: más allá del liderazgo, la credibilidad de una alternativa de gobierno pasa también por la solvencia de sus equipos. En este sentido, algunas voces apuntan a que el actual grupo parlamentario del PP no ofrece todavía una imagen clara de especialización o asignación de áreas, lo que alimenta la incertidumbre sobre quién haría qué en un cambio de ciclo político.
Uno de los elementos que, en teoría, podría haber pasado factura al Ejecutivo autonómico era el denominado “caso Cerredo”. Sin embargo, los análisis demoscópicos consultados coinciden en que este asunto no ha tenido un impacto significativo en la percepción pública del Gobierno. La falta de desgaste refuerza la idea de que la política asturiana discurre por cauces propios, donde determinadas polémicas no generan el mismo efecto que en otras comunidades.
En este contexto, el Gobierno de Barbón ha encontrado además un nuevo frente de confrontación política que podría reforzar su posición: el conflicto con el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La negativa del Ejecutivo central a revisar la prórroga del peaje del Huerna ha abierto un escenario de tensión institucional que el Principado está dispuesto a explotar.
El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, expresó recientemente su “profunda decepción” tras conocer la decisión del ministerio, que rechazó estudiar el fondo de la cuestión alegando el tiempo transcurrido desde la aprobación de la prórroga. Lejos de dar por cerrado el asunto, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo para tratar de revertir una medida que extiende el peaje de la AP-66 hasta el año 2050.
Desde el Gobierno regional se insiste en que esta infraestructura supone un “sobrecoste permanente” para ciudadanos y empresas, afectando directamente a la competitividad de Asturias. Más allá de la dimensión técnica, el conflicto del Huerna se perfila como una herramienta política de primer orden, al permitir al Ejecutivo autonómico presentarse como defensor de los intereses de la comunidad frente a decisiones adoptadas en Madrid.
Mientras tanto, en el ámbito municipal, el desgaste no solo afecta a Oviedo. En Gijón, la alcaldesa Carmen Moriyón atraviesa una situación especialmente compleja. Su gobierno se mueve en una posición delicada, con un pacto con el Partido Popular que aún no termina de consolidarse plenamente y con una oposición firme por parte de Vox, lo que añade incertidumbre a la estabilidad política en la ciudad.
Así, el tablero político asturiano combina una relativa estabilidad autonómica con una creciente fragmentación en el ámbito local. Mientras la oposición trata de encontrar fisuras en el relato socialista, Barbón parece haber consolidado una estrategia basada en la estabilidad interna y la proyección de conflictos externos que refuercen su perfil institucional.
En paralelo, el presidente autonómico continúa moviendo piezas en el plano político y mediático. Este lunes inicia un viaje institucional a México, donde prevé convertir el rancho del empresario Antonio Suárez en su base de operaciones durante la visita. Un desplazamiento que se produce en un momento clave, ya que el Ejecutivo regional busca anticiparse al impacto que pueda tener el informe de la comisión del caso Cerredo.
En este contexto, cobra fuerza la posibilidad de cambios en empresas públicas estratégicas. Distintas fuentes apuntan a que Pachi Blanco sería el elegido para sustituir a Enrique Fernández al frente de Hunosa, en un movimiento que podría interpretarse como un intento de reforzar el control político y la gestión en un momento especialmente sensible.
Con este conjunto de factores en juego, Asturias encara los próximos años con un panorama político abierto. La fortaleza de Barbón en el ámbito autonómico contrasta con las dudas que empiezan a surgir en los principales ayuntamientos, donde la fragmentación del voto, el papel creciente de Vox y la tradicional capacidad del PP para reconfigurar liderazgos en el último momento podrían resultar decisivos para definir el equilibrio de poder tras las próximas elecciones.
