Análisis | Divertia: el escándalo no empieza con dos contratos

El relevo de Oliver Suárez no cierra el caso Divertia. La cronología de los hechos reabre el debate sobre los nombramientos, los controles internos y la responsabilidad política

La destitución de Oliver Suárez como presidente de Divertia pone fin a una crisis política inmediata, pero difícilmente cierra el debate de fondo. El error procedimental reconocido por el propio Suárez en la tramitación de los contratos de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo explica el desenlace. Lo que no explica es cómo se llegó hasta ese punto.

Porque el verdadero debate ya no gira únicamente sobre dos expedientes administrativos.

La cuestión es otra: quién tomó las decisiones políticas que configuraron la dirección de Divertia y con qué criterios se realizaron esos nombramientos.

Suárez no llegó a la presidencia de la empresa municipal siendo un desconocido. Su trayectoria empresarial era pública. También lo era la evolución de Comunicalia, empresa de la que fue gerente y que terminó entrando en concurso de acreedores tras una profunda crisis económica y laboral. En 2019, además, el Ayuntamiento de Gijón retiró una subvención concedida a la sociedad por incumplir las condiciones de mantenimiento del empleo.

Aquellos antecedentes no aparecieron en 2026. Existían cuando se produjo su nombramiento. Y tampoco terminaron ahí.

La pasada semana, este diario pudo confirmar la situación de insolvencia de Task Force Corinto, sociedad de la que era administrador. Días antes, la empresa había comunicado a sus trabajadores el cese definitivo de su actividad.

La comunicación remitida a la plantilla, consultada por este periódico, atribuye el cierre a la delicada situación económica de la empresa y reconoce expresamente la imposibilidad de afrontar incluso el pago inmediato de las indemnizaciones legales por falta de liquidez.

Ese documento constituye un hecho objetivo dentro de la trayectoria empresarial del hasta ahora presidente de Divertia. No corresponde convertir ese antecedente en una conclusión política automática. Pero sí resulta legítimo preguntarse qué valoración realizó el Gobierno municipal antes de situarlo al frente de una empresa pública encargada de gestionar millones de euros de presupuesto.

La misma reflexión alcanza a otros nombramientos. En diciembre de 2023, Fernando Losada fue designado gerente de Divertia en una decisión que generó una importante controversia política. El Consejo de Administración aprobó su incorporación, aunque sin atribuirle las competencias ejecutivas habituales del cargo, una circunstancia que la oposición calificó entonces de excepcional dentro de las empresas municipales. Losada tampoco era un perfil ajeno al entorno profesional de Oliver Suárez. Su empresa Tankalab había desarrollado trabajos para Comunicalia años atrás y también había participado en distintos proyectos para entidades públicas y privadas.

La existencia de esas relaciones profesionales forma parte del contexto en el que se produjeron los nombramientos. La crisis también ha dejado al descubierto el clima interno vivido en Divertia durante los últimos meses.

Distintas fuentes consultadas por miGijón describen un creciente malestar interno y afirman que percibían una notable participación de Alcaldía en determinadas decisiones relacionadas con la gestión de la empresa. Ese ambiente interno ayuda a comprender por qué el debate trasciende hoy la figura de Oliver Suárez.

La comparación con etapas anteriores también resulta significativa. Tras acceder a la Alcaldía en 2019, Ana González impulsó una reorganización de Divertia que incluyó cambios en la presidencia de la empresa municipal, entonces encabezada por Jesús Martínez Salvador, y una revisión de distintos procedimientos antes de recuperar con normalidad la programación. El objetivo manifestado por el Ejecutivo socialista era revisar el funcionamiento de la sociedad tras el cambio de mandato y reforzar los mecanismos de control.

Siete años después, Divertia vuelve a ocupar el centro del debate político. La cronología de las últimas semanas añade otro elemento de reflexión. Según han confirmado fuentes de Divertia consultadas por miGijón, hace aproximadamente dos semanas el Consejo de Administración conoció el cierre económico correspondiente al primer semestre del ejercicio, documentación que posteriormente fue remitida a la Intervención General del Ayuntamiento, tal y como se realiza de manera ordinaria cada semestre.

Tras aquella reunión, y a preguntas de este periódico, desde fuentes de la propia empresa se trasladó un mensaje de absoluta normalidad. «Está todo OK«, fue la respuesta recibida por miGijón.

Nada hacía prever públicamente un cambio inmediato al frente de la sociedad. Sin embargo, apenas unos días después estalló la polémica por los contratos de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo. Este miércoles, Oliver Suárez era relevado de la Presidencia de Divertia.

La rapidez con la que se produjo el desenlace demuestra que la pérdida de confianza política fue inmediata una vez conocidos los hechos.

Pero el cese no responde a la cuestión principal. Porque la responsabilidad política no empieza cuando estalla una crisis. Empieza cuando se elige a quienes van a dirigir una empresa pública.

Los antecedentes profesionales y empresariales de quienes fueron designados para dirigir Divertia no aparecieron de un día para otro. Eran públicos o, como mínimo, susceptibles de ser conocidos mediante las comprobaciones habituales que acompañan cualquier nombramiento de relevancia.

Por eso, la pregunta que permanece abierta no es únicamente quién firmó dos contratos.

La verdadera cuestión es qué proceso de evaluación siguió el Gobierno municipal antes de efectuar esos nombramientos y qué elementos consideró suficientes para depositar su confianza en ese equipo.

En el ámbito privado, cualquier consejo de administración suele analizar con detalle la trayectoria profesional de quienes van a ocupar puestos de alta dirección, especialmente cuando se trata de responsabilidades retribuidas con salarios elevados y con capacidad para gestionar importantes recursos económicos. Resulta legítimo preguntarse si ese mismo nivel de diligencia se aplicó en la principal empresa cultural del Ayuntamiento de Gijón.

Los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo han precipitado el desenlace. Sin embargo, la crisis política no puede reducirse a esos dos expedientes. También forman parte del contexto otros episodios relevantes, como la reunión mantenida entre Oliver Suárez y Jesús Martínez Salvador —hoy presidente de Divertia— antes de la comunicación de la salida de Vox del gobierno municipal. Un encuentro cuya celebración fue negada por ambos, pero cuya existencia pudo confirmar este diario a través de fuentes conocedoras de la situación.

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