La nueva normativa de estancias turísticas permitirá recargos de hasta 3 euros por noche en temporada alta y busca reforzar la sostenibilidad del modelo turístico del Principado
El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes la Ley de Estancias Turísticas, una nueva normativa que introduce la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen una tasa turística de carácter voluntario, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible y adaptado a la presión que la actividad turística ejerce sobre determinados territorios. La decisión se ha adoptado en el Consejo de Gobierno celebrado en Cudillero y supone uno de los pasos legislativos previstos por el Ejecutivo autonómico en materia de ordenación del turismo. La norma ha sido elaborada tras un proceso previo de consulta pública y diálogo con los municipios, el sector turístico y agentes sociales, además del análisis de alegaciones presentadas durante su tramitación.
Según ha explicado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, la ley responde a una estrategia de planificación a medio y largo plazo orientada a preservar el atractivo del destino Asturias sin comprometer su equilibrio territorial. En sus palabras, se trata de una medida basada en la corresponsabilidad entre visitantes y residentes, en la que quienes disfrutan del destino contribuyan también a su mantenimiento. La nueva regulación establece que cada ayuntamiento podrá decidir de forma autónoma si aplica o no esta tasa, en función de sus características y necesidades. En caso de implantarse, el recargo se aplicará durante la temporada alta -del 1 de junio al 30 de septiembre- y en los días centrales de Semana Santa.
El importe variará en función del tipo de alojamiento, con una horquilla que va desde los 0,50 euros por persona y noche en establecimientos de turismo rural, albergues y campings, hasta los 3 euros en hoteles de mayor categoría. La tasa se aplicará durante un máximo de cinco noches por estancia. El Gobierno asturiano enmarca esta medida dentro de su estrategia de turismo sostenible y de calidad, con el objetivo de equilibrar el crecimiento del sector con la protección del territorio. Según ha defendido el Ejecutivo, se trata de una herramienta que también responde a una demanda planteada por diferentes municipios, especialmente aquellos que soportan mayor presión turística en determinados periodos del año.
La ley incluye además una serie de exenciones. No estarán obligados a abonar la tasa los menores de edad ni las personas con discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Tampoco se aplicará a quienes se alojen en el marco de programas sociales financiados por administraciones públicas de la Unión Europea, ni en casos de fuerza mayor debidamente justificados. Quedan igualmente exentas las estancias por motivos de salud y sus acompañantes acreditados, así como las relacionadas con estudios en todos los niveles del sistema educativo público hasta el ámbito universitario, la investigación académica, programas de talento del Principado o la participación de deportistas federados en competiciones oficiales.
Uno de los elementos centrales de la norma es el destino de los fondos recaudados. El texto establece que los ingresos deberán revertir en los propios territorios donde se genera la actividad turística, con especial atención a la mejora de servicios públicos municipales, la promoción de un turismo sostenible y actuaciones vinculadas a la vivienda pública.