El Principado pacta con la patronal de la construcción levantar 400 VPO sobre suelo privado con un nuevo precio del módulo y confía en aprobar la Ley de Vivienda en septiembre tras cerrar un acuerdo con Somos Asturies
Acceder a una vivienda sigue siendo uno de los principales problemas para miles de asturianos y el Principado quiere acelerar la respuesta. El Gobierno autonómico anunció este jueves un acuerdo con la patronal de la construcción para impulsar la edificación de 400 viviendas de protección oficial repartidas por distintos puntos de Asturias, una medida que irá acompañada de la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida y que el Ejecutivo vincula directamente a la futura Ley de Vivienda, cuya aprobación espera culminar el próximo mes de septiembre.
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El anuncio lo realizó el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, tras reunirse con representantes de la patronal CAC-Asprocon y de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el estand de la Dirección General de Vivienda de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón. Allí explicó que el acuerdo permitirá construir esas 400 viviendas sobre suelo privado a lo largo de 2027, siempre que los promotores dispongan de parcelas aptas para iniciar las obras. Uno de los pilares del pacto pasa por la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida, congelado desde diciembre de 2022. El Principado incrementará esa referencia un 3,7%, pasando de 2.124 a 2.209,59 euros por metro cuadrado. Además, el Ejecutivo complementará ese incremento con una ayuda de 139,41 euros por metro cuadrado procedente del Plan Estatal de Vivienda, con el objetivo de compensar el aumento del coste de los materiales de construcción.
Según explicó Zapico, esta fórmula permitirá mantener el precio final de las viviendas protegidas en torno a los 150.000 euros, al tiempo que garantiza que las empresas constructoras puedan desarrollar las promociones «con garantías y con margen de beneficio». El responsable autonómico diferenció esta iniciativa de las promociones públicas impulsadas directamente por el Principado. En este caso, las viviendas se construirán sobre suelo privado mediante una línea de ayudas destinada a los promotores, que serán quienes presenten sus proyectos y determinen en qué municipios se desarrollarán las futuras promociones. El acuerdo deberá ser ahora ratificado en el seno de la Conferencia Social, cuya reunión está prevista para los primeros días de septiembre.
La Ley de Vivienda, cada vez más cerca
El anuncio llega en un momento clave para la política de vivienda del Gobierno asturiano. Zapico mostró su confianza en que la futura Ley de Vivienda quede aprobada durante el próximo mes de septiembre y aseguró que las negociaciones con la diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, están muy avanzadas. El consejero explicó que los equipos negociadores trabajan ya en los últimos aspectos pendientes y se mostró convencido de que el acuerdo está próximo. A su juicio, la norma permitirá ampliar derechos y convertirse en «la ley más progresista de la legislatura», además de consolidar herramientas para facilitar el acceso a la vivienda protegida y desarrollar las nuevas políticas residenciales previstas por el Ejecutivo.
Durante su comparecencia, Zapico también fue preguntado por los primeros efectos de la declaración de zona tensionada en el barrio gijonés de La Arena. Aunque reconoció que todavía no existen datos oficiales que permitan evaluar su impacto, defendió la utilidad de la medida y pidió tiempo para comprobar sus resultados. El consejero aseguró que el índice de referencia del Ministerio sitúa el alquiler de una vivienda de unos 70 metros cuadrados en ese barrio en torno a los 650 euros mensuales, una cifra que considera compatible con un alquiler digno y razonable tanto para propietarios como para inquilinos.
En este sentido, defendió que la regulación busca frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda a las familias trabajadoras. Asimismo, criticó la oposición mostrada por el Ayuntamiento de Gijón a este tipo de medidas y sostuvo que el objetivo es impedir que la evolución del mercado siga marcada por dinámicas especulativas ajenas a la realidad asturiana.
