El Principado aprueba el decreto que regula la inscripción de profesionales objetores, un listado interno y confidencial que permitirá organizar los recursos para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo
El Principado de Asturias ha dado luz verde este lunes al registro autonómico de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto a su intervención directa en la práctica del aborto. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que crea y regula este listado, que tendrá carácter interno y no será público. El registro quedará adscrito a la Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y tendrá como principal objetivo facilitar la planificación de los recursos humanos necesarios para garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico señala que permitirá proteger el derecho individual a la objeción de conciencia y evitar posibles situaciones de discriminación.
Podrán solicitar su inscripción los profesionales que participen directamente en las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo, tanto en centros de la sanidad pública como en centros privados de Asturias. La declaración deberá realizarse a través de la sede electrónica de la Administración autonómica y podrá modificarse o revocarse posteriormente mediante el mismo procedimiento.
Un registro blindado y sin los motivos de la objeción
El decreto establece además medidas específicas de confidencialidad y protección de datos. El registro no recogerá los motivos por los que cada profesional decide acogerse a la objeción de conciencia y el acceso a la información estará limitado a las personas responsables de organizar la prestación sanitaria y de planificar los recursos humanos. De esta manera, la Administración dispondrá de la información necesaria para conocer qué profesionales pueden intervenir directamente en estas prácticas, pero sin hacer públicos sus datos ni las razones alegadas para ejercer la objeción.
El decreto también contempla las declaraciones que ya fueron presentadas al amparo de las instrucciones transitorias aprobadas en octubre de 2025. Estas se incorporarán de oficio al nuevo registro, por lo que los profesionales afectados no tendrán que volver a presentar una solicitud.
